Boliden se sienta en el banquillo 25 años después del vertido de la mina de Aznalcóllar

El juicio civil contra la empresa sueca Boliden por el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar arranca este martes en Sevilla tras 25 años de peregrinaje judicial desde que se produjera uno de los desastres ecológicos más grandes de España y por el que la Junta de Andalucía reclama casi 90 millones de euros a la compañía minera.

En el juicio por este vertido, que se produjo en abril de 1998, declararán doce testigos y un perito propuesto por las tres empresas que forman parte de Boliden (Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV), todas ellas demandadas.

En la vista previa que tuvo lugar el pasado septiembre, los abogados de la Junta sostuvieron que están legitimados y que tienen la "obligación legal" de reclamar esta cantidad de acuerdo con la Ley de Minas, mientras la empresa aseguró que la Junta se gastó la mitad del dinero que reclama en "un corredor verde" y no en paliar las consecuencias del vertido

La representación legal de la Junta argumenta que con la fractura de la balsa del complejo minero se vertieron cinco millones de metros cúbicos de lodo que llegaron al entorno de Doñana, hubo 37 toneladas de peces muertos y se vieron afectadas 4.400 hectáreas, por lo que reclama casi 90 millones de euros por la limpieza.

Por su parte, la empresa minera defiende que el Gobierno andaluz autorizó en 1996 el recrecimiento de la balsa que posteriormente se rompió y que ellos retiraron los lodos "de forma voluntaria", algo que les costó 80 millones de euros y que no fue cubierto por el seguro.

La reclamación de la factura al grupo sueco que explotaba la mina entonces lleva casi 25 años en un "peregrinaje judicial" -así lo definió el Supremo- que en 2015 volvió al punto de partida.

La vía penal se cerró en el año 2001 cuando la Audiencia de Sevilla confirmó el archivo de la causa, tras lo que la Junta presentó una demanda civil que también fue inadmitida.

Ante ello, en 2004, el Gobierno andaluz acordó imponer a Boliden una multa por casi 90 millones por la vía contencioso-administrativa, pero el grupo minero recurrió y tanto el TSJA (en 2007) como el Supremo (2011) le dieron la razón.

Cerradas todas esas vías, la Junta recurrió la vía civil y será ahora el juzgado 11 de Sevilla el que juzgue el caso.

La riada tóxica afectó a 4.634 hectáreas, avanzó más de 60 km y fue frenada tres días más tarde, a las puertas de Doñana gracias a que se levantó un dique.