El Supremo afronta este martes la primera decisión climática de calado de su historia

El Tribunal Supremo afronta este martes la que será la primera decisión "climática" de calado en sus más de 200 años de historia y que podría conllevar obligar al Gobierno español a elevar el objetivo de reducción de emisiones fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), aprobado en 2021.

Está previsto que la Sección Quinta de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) del alto tribunal, especializada en urbanismo y medio ambiente, vote y falle la demanda interpuesta hace tres años por Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón por la inactividad y falta de ambición del Ejecutivo al afrontar la crisis climática.

Con posterioridad, se sumaron al proceso, que sus impulsores califican como el "primer litigio climático contra el Estado español", el colectivo Fridays for Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.

En un primer momento, denunciaron el incumplimiento de la obligación impuesta por la Unión Europea de aprobar antes de 2020 un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros en marzo de 2021.

Tras su aprobación, en junio de ese mismo año, recurrieron el contenido del PNIEC en lo que respecta al objetivo de reducción de emisiones para 2030 respecto a 1990, que quedó fijado en el 23 %, y que, a su juicio debe elevarse, como mínimo, al 55 %.

Este incremento es necesario porque, según las organizaciones demandantes, con una reducción del 23 % España no está en línea con los compromisos adquiridos al ratificar el Acuerdo de París ni con las recomendaciones científicas del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) para limitar el calentamiento global a 1,5°C este siglo.

Por ello, entre otras cuestiones, reclaman que el Supremo obligue el Gobierno central a revisar el objetivo de mitigación que, en ningún caso, puede ser inferior al 55 %, "garantizando a este respecto los derechos humanos y el derecho a un medio ambiente adecuado de las generaciones presentes y futuras".

Subsidiariamente, solicitan que se anule el PNIEC y se redacte uno nuevo por considerar que durante su tramitación se produjeron "deficiencias muy graves" en lo que respecta a la participación ciudadana (no se tuvo en cuenta ninguna de las miles de alegaciones presentadas durante el proceso de consulta pública).

Para el abogado de los demandantes, Jaime Doreste, una sentencia estimatoria sería "no sólo un éxito en la lucha judicial contra el cambio climático", sino un hito en el derecho español "con respecto a las obligaciones de los poderes públicos de salvaguarda del patrimonio natural y la calidad ambiental, y el deber de cuidado y garantía de los derechos humanos".

Entre el abanico de posibilidades abierto figura un fallo estimatorio y que el objetivo de mitigación deba ser revisado al alza, que el Supremo considere que no puede determinar cómo debe ser ese objetivo o que no ha quedado acreditado que el actual objetivo comprometa derechos fundamentales de los ciudadanos, ha explicado a EFE el abogado.