El Tribunal Supremo rechaza dos recursos de varias ong ambientales contra el Gobierno

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado los dos recursos contenciosos administrativos que presentaron en 2020 y 2021 varias organizaciones ecologistas y sociales contra el Gobierno central acusándole de "falta de ambición en la lucha contra el cambio climático".

Uno de los recursos, el 265/2020 impulsado por Greenpeace, Ecologistas en Acción-CODA y Oxfam Intermón, fue presentado frente a la "inactividad climática del Gobierno" a la hora de aprobar "un Plan Nacional de Energía y Clima así como una estrategia a largo plazo" para la reducción de gases de efecto invernadero acorde con los "compromisos asumidos" con la ratificación del Acuerdo de París y las recomendaciones del Panel Integubernamental de Cambio Climático (IPCC).

El tribunal lo ha desestimado atendiendo a la petición de la Abogacía del Estado por "pérdida sobrevenida" del objeto de impugnación, ya que el Gobierno aprobó su Estrategia a Largo Plazo 2050 unos días antes de la presentación del recurso mientras que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 contaba ya con una versión final en marzo de 2021.

El segundo recurso, 162/2021, fue interpuesto por las mismas organizaciones que el primero, a las que se sumó la Coordinadora de ong para el desarrollo, contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2021 que aprobó el PNIEC porque, a su juicio, no contemplaba una reducción suficiente de las emisiones de gases de efecto invernadero -en referencia a la propuesta de reducción de un 55 %- de acuerdo con lo acordado en París.

El TS recuerda que "en ninguna de las Conferencias anuales (cumbres del clima COP) se ha impuesto mayores determinaciones que las ya examinadas respecto de los compromisos asumidos por las partes" y que la política de la UE en materia de lucha contra el cambio climático "ha adoptado la actitud más ambiciosa" aunque, "al momento presente", la reducción de un 55 % de emisiones "constituye una aspiración que no ha logrado el consenso suficiente para su implantación".

Además, indica que "toda actividad de planificación está sometida a un importante margen de discrecionalidad" pero en el caso de la lucha a largo plazo contra el cambio climático "ese margen se ve acentuado" y cita como factores determinantes la pandemia de COVID y la guerra de Ucrania.

En su sentencia, el Supremo impone además las costas de los recursos a los ong, que deberán abonar las cantidades correspondientes.