Los trabajadores de limpieza en el centro penitenciario de Córdoba denuncian retrasos en el pago de la nómina
Aseguran que la empresa encargada de gestionar la limpieza está en concurso de acreedores I Tres de los ocho trabajadores de la cárcel de Alcolea ya se han dado de baja
Córdoba - Publicado el - Actualizado
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Los trabajadores del centro penitenciario de Córdoba están denunciando retrasos en el pago de su nómina durante los últimos meses y la falta total del pago del último mes de marzo. Según han especificado a COPE, durante las últimas semanas, tres de los nueve trabajadores de la limpieza contratados se han dado de baja y, el resto, acude a su puesto de trabajo aunque no lo realiza. Según han apuntado, la empresa Do Not Look Back S.L., a cargo del servicio, se encuentra en concurso de acreedores y la administración penitenciaria se está mostrando irresolutiva ante el problema. "Ahora mismo, la cárcel no se está limpiando", asegura Olga Morales, una de las trabajadoras del centro penitenciario de Alcolea.
En total, hay contratadas siete mujeres y dos hombres, que forman parte de la plantilla del centro penitenciario de Alcolea -ocho de ellos- y del Centro de Inserción Social Carlos García Valdés, situado en el Polígono de las Quemadas. "No nos pagan, ni contestan correos ni llamadas. Hemos tenido una reunión con el administrador del centro penitenciario y nos ha dicho que el abono a la empresa ya se ha hecho y que ellos no pueden hacer nada más", explica Morales.
Paco también acude a limpiar los cristales dos veces por semana con un contrato de 10 horas semanales y asegura que acude a trabajar "porque, si no, corremos el riesgo de que nos echen. Pero llevamos desde enero que cobramos con 15 días de retraso, mandamos correos y, a trancas y barrancas, acabamos cobrando. Este último mes ya no estamos recibiendo ningún tipo de respuesta", explica.
COPE ha intentado sin éxito ponerse en contacto con la administradora única de la empresa de mantenimiento de limpieza. Fuentes del Gobierno han asegurado a esta cadena que Instituciones Penitenciarias ya ha contactado con la empresa, la Abogacia del Estado e Intervención para intentar buscar una solución al problema. En el peor de los casos, explican, habría que rescindir el contrato si las conversaciones con la empresa no prosperasen.