Vecinos del Alto Guadalquivir tratan de parar 14 proyectos de placas fotovoltaicas en terreno cultivable

Vecinos, ayuntamientos, propietarios de fincas y agricultores del Alto Gualdaquivir están demandando a la Junta de Andalucía que frene los catorce proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas a los que está dando luz verde, paulatinamente, en los términos municipales de Bujalance, Montoro, Pedro Abad y El Carpio. Para ello, se ha creado la plataforma 'Stop Mega Plantas Solares', que este fin de semana ha marchado en protesta por esta zona para reivindicar a viva voz la pérdida de terrenos cultivables, "de mano de obra agrícola y de población para nuestros pueblos, que van a ver su trabajo mermado. Así no es posible que los pueblos prosperen porque se está perdiendo el modo de vida. Es un impacto económico, social y cultural", explica a COPE Rafael López, uno de los organizadores de la plataforma y vecino de Morente (Bujalance).

Cada uno de los proyectos en marcha forman, en total, un número de hectáreas que ocupan, entre todos, el comparativo a más de 800 campos de fútbol. La plataforma denuncia que el modus operandi que utilizan las empresas promotoras, todas ellas privadas, es el del fraccionamiento de los proyectos, de manera que no superen los 50 megavatios y las 100 hectáreas cada uno, que es el límite establecido por el artículo 3.13.a) de la ley andaluza 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Si excede estos parámetros, la competencia para su autorización sería del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "mas restrictiva que la ley andaluza", asegura López. Con esta ley autonómica, basta la declaración de Utilidad de Interés General sobre ese espacio para que sea expropiado al propietario, a pesar de que no exista acuerdo entre él y el promotor. A través de este proceso, el propietario del terreno recibe una compensación económica de costes, pero no sobre el impacto económico agrícola de la actividad que deja de realizarse.

La autorización administrativa previa y la de construcción está en manos de la Consejería de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía , que necesita previamente un informe favorable de Medio Ambiente. Ese informe vinculante obedece a la Ley de 2017 de Gestión de Calidad Ambiental y el decreto 356/2010, a través del que se pueden declarar esos terrenos como de Utilidad de Interés General. "Las actuaciones de generación o transporte y distribución de energía están declaradas de Utilidad de Interés General. A nosotros nos llega la solicitud del promotor y evaluamos el impacto medioambiental y lo hacemos porque la Unión Europea está promoviendo y priorizando la generación de energía eléctrica en estos momentos", relata a COPE el delegado de Medio Ambiente en Córdoba, Rafael Martínez. Así, los promotores estudian la implantación de la planta y presentan un informe a Medio Ambiente, que dedice su viabilidad, pero no su localización.

Los requisitos para que se conceda este informe vinculante pasan por superar los parámetros medioambientales en vías pecuarias, residuos y biodiversidad; deben estar sobre terreno y no sobre tejados o cubiertas, no pueden estar destinadas a autoconsumo y deben medir más de 10 hectáreas.