Personas con discapacidad intelectual exigen su derecho a decidir

En Guadix 27 personas reciben el apoyo para la protección y defensa de sus intereses a través de la Fundación Tutelar Futuro, que nace en 1999 desde la Asociación en favor de las personas con discapacidad intelectual San José Como en Guadix, en toda España hay fundaciones similares que hoy, 3 de septiembre, piden dar ‘un paso adelante’ con la entrada en vigor de la reforma de la legislación civil y procesal Esta reforma es un momento histórico puesto que otorga a las personas con discapacidad intelectual la capacidad para elegir libremente sobre asuntos que afectan a su vida como el resto de ciudadanos Hoy es un día para celebrar el logro, pero también es una fecha para exigir el compromiso de los agentes jurídicos, sociales y políticos para que se garantice que se cumple con la reforma por parte de las Administraciones Públicas Guadix, 3 de septiembre de 2021 Cientos de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y las entidades de la red de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) celebran esta mañana la entrada en vigor de la reforma de la legislación civil y procesal. Con esta modificación de la Ley se deja atrás la incapacitación judicial, que les restaba libertad para decidir sobre asuntos que afectan a su vida, y apuesta por un nuevo sistema de apoyos. De esta manera se cumple con lo que se recoge en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con motivo del comienzo de la aplicación del nuevo marco legal, a las doce del mediodía de este viernes, 3 de septiembre, se han convocado actos para dar a conocer la referida reforma y para reclamar que se ponga en funcionamiento en todas las Administraciones. Un 3 de septiembre que reclama un paso adelante La Fundación Tutelar Futuro ofrece protección y apoyo a 27 personas que residen en centros de la Asociación en favor de las personas con discapacidad intelectual San José. Por esto, estas personas son quienes realmente convocan, apoyados por la Fundación y la Asociación, para que se oiga su voz y se dé difusión a estas novedades que les permiten ser aún más libres en la toma de decisiones sobre asuntos legales de su vida. En un acto celebrado en dos momentos, a las doce ante el Ayuntamiento de Guadix y a la una ante los juzgados, han solicitado dar ‘un paso adelante’ y que el nuevo texto legal sea aplicable y no quede en el olvido. Junto a las personas de la Fundación han participado el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, la jueza Sonia González, el presidente de la Asociación ‘San José’ y representantes de la Fundación junto profesionales, voluntarios y miembros del patronato de la entidad. Con la lectura de un manifiesto, que está redactado en lectura fácil y es el mismo que se ha leído en toda España, las personas con discapacidad han exigido que se garantice este derecho en las leyes de Servicios Sociales de todas las comunidades autónomas. No se puede hacer sin recursos Como en la aplicación de toda Ley, las Administraciones Públicas deben poner a disposición de la Justicia los recursos necesarios para que se puedan llevar a cabo todas las revisiones de sentencias y procesos de garantía de apoyos según lo que establece la nueva legislación. Del mismo modo, debe financiarse adecuadamente a las instituciones que prestan los apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica, y evitar así la precariedad que padecen muchas de ellas desde hace años y que acaba repercutiendo en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. No sin mi Por otro lado, se ha solicitado unión y compromiso de quienes intervienen en los procesos de provisión de apoyos, personas con discapacidad, familias, poder judicial, notariado, abogacía, etc para que estos procedimientos y la revisión de las antiguas sentencias se realicen de acuerdo con la nueva ley, asegurando la participación de la persona con discapacidad y la búsqueda de los apoyos más adaptados a sus necesidades. También se ha profundizado en la necesidad de que este cambio de mirada hacia las personas con discapacidad que necesitan apoyos a la capacidad jurídica, vaya más allá de las entidades y servicios de apoyo, sus familias y los agentes jurídicos. Por ello, se ha hace un llamamiento a la sociedad en general para que se sume a ese cambio de mirada y que, además de lograr una “vida digna, deseada y normalizada” también tengan una vida incluida en su comunidad.