Los afectados por la okupación sobre la moratoria de desahucios: "Es el Gobierno el que se tiene que hacer cargo de las familias vulnerables"

El rechazo del decreto Ómnibus la semana pasada en el Congreso de los Diputados no solo despertaba la incertidumbre en lo que se refiere a las pensiones, la gratuidad del transporte o las ayudas a los afectados de la DANA. Los propietarios de viviendas okupadas veían en la negativa de Junts, PP y Vox una pequeña esperanza para escapar del bucle judicial, pues dentro del paquete de medidas, se encontraba la moratoria de los desahucios: es decir, la ampliación de la prohibición de desalojo de familias vulnerables sin alternativa habitacional. 

SE RETOMA LA PROHIBICIÓN

Sin embargo, la suspensión de esta norma quedó en un sueño fugaz después de que el Gobierno haya logrado un acuerdo con el partido catalán. En lo que respecta a los desahucios, Junts acepta la protección a las familias vulnerables pero pide nuevas medidas para respaldar a los propietarios que sufran daños en sus viviendas: el Estado avalará, cubriendo impagos y desperfectos, todos los contratos vigentes hasta la fecha. 

El Gobierno lo que ha querido ocultar es que no disponían de recursos económicos, ni de vivienda social

Ricardo Bravo

Miembro Plataforma de Afectados por la Ocupación

Ricardo Bravo, miembro de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, celebraba que la suspensión supusiera el endurecimiento de las medidas contra los okupas. Esta mañana en HERRERA EN COPE CANARIAS, antes de que se conociera el acuerdo, era firme: "Es el Gobierno quien se tiene que hacer cargo de las familias vulnerables". Argumenta que los propietarios son los que están tomando la responsabilidad de hacer una labor social: "el Gobierno lo que ha querido ocultar es que no disponían de recursos económicos, ni de vivienda social porque no ha invertido".

El sistema de compensaciones no convencía, ni convence ahora, a los titulares de las viviendas okupadas: "A día de hoy solo tenemos constancia de que el 7% de nuestros afectados ha cobrado esa compensación". Desde la Plataforma de Afectados se lamentaban de que si finalmente se procedía a la total aprobación del Decreto, tendrían que seguir lidiando con las prohibiciones de desahucio. Bravo insiste en que es importante que se distinga entre quienes se aprovechan de la situación y las familias realmente vulnerables, y de ser así, que sea el Estado quien se haga cargo.