El alquiler vacacional, contra las casetas de campaña: “No nos hace ninguna gracia”

El anuncio insertado en una web de alquiler vacacional, en el que se ponen en el mercado tiendas de campaña situadas en una azotea al precio de 12 euros por noche, sigue generando reacciones. Este curioso, a la par que ilegal alquiler, se sitúa en un céntrico inmueble de la capital tinerfeña, situado en la calle Castellón de la Plana, cerca del colegio La Salle.

La realidad es que este tipo de noticias se vienen repitiendo en los últimos meses en Canarias, con situaciones que vulneran claramente el régimen jurídico actual aplicable al alquiler vacacional recogido en el decreto 113/2015, y la espera de que llegue una normativa autonómica más amplia, que actualmente está en fase de desarrollo, y que se espera entre en vigor antes del final de este año 2024.

Hoy, en Herrera en COPE Tenerife, el vicepresidente y asesor jurídico de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, Javier Valentín, ha sido muy claro sobre este asunto: “Este tipo de casetas de campaña no se le pude llamar en ningún caso alquiler vacacional, porque no lo es”, apuntó el abogado, porque esta modalidad, “debe estar necesariamente constituida sobre viviendas legales”. En todo caso, y recurriendo a la imaginación, afirmó que “esto será una 'apartaseta' o una 'tercaseta', o como quieran llamarlo, pero no es una vivienda vacacional”.

"Condenamos rotundamente esta situación"

Lo que tienen claro desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional es que este tipo de anuncios, “no nos hace ninguna gracia”, y de hecho, “condenamos rotundamente esta situación, así como otras similares que han ocurrido en otras islas en los últimos meses”. Así las cosas, es evidente que “esto no tiene encaje en un ordenamiento jurídico, que recoge los equipamientos y requisitos de estas viviendas, y tendrán que ser las autoridades competentes las que instruyan los procedimientos sancionadores”.

Valentín quiso insistir en que “por 3 que lo están haciendo mal, no se puede condenar a los 40.000 que sí lo están haciendo bien, por lo que hacemos un llamamiento a las administraciones para que actúen de manera contundente para erradicar todo esto de manera eficaz”.

Pero en cualquier caso, cree que son las propias páginas web las que deben esforzarse en moderar sus publicaciones, y, “hacer limpieza de la oferta ilegal, a pesar de que el nuevo marco jurídico establezca que las plataformas no son responsables del contenido que publican, ya que son meros transmisores del mensaje”.