El TSJC desestima el recurso del Ayuntamiento de Barcelona para ampliar el dentista municipal

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación que el Ayuntamiento de Barcelona presentó contra la resolución del juzgado administrativo número 7 que anuló el proyecto de dentista municipal dirigido a toda la ciudadanía con precios entre un 10% y un 40% por debajo del precio de mercado.

Lo ha anunciado este viernes la concejal de Salud, Gemma Tarafa, junto al responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, Manuel Mayo, en la que han defendido que "no es una sentencia firme" y que la iniciativa económica sigue en pie.

Mayo ha explicado que la sentencia dicta que la ampliación del dentista "se anula por falta de competencia municipal porque considera que hay duplicidad de servicio público con el que presta la Generalitat", un razonamiento que los responsables municipales niegan porque defienden que se trata de una iniciativa económica y no de un servicio público.

"La Generalitat nos dijo por escrito que era necesario que pidiéramos un informe para hacer actividades complementarias", ha añadido.

Por eso, el Ayuntamiento recurrirá la sentencia del TSJC al Tribunal Supremo (TS) y estudiará con los equipos jurídicos "los próximos pasos", ya que también puede presentar un recurso subsidiario al TSJC.

"Esta sentencia no suspende en ningún caso el dentista municipal, lo que pone en cuestión es la ampliación del dentista que íbamos a empezar en breve", ha aclarado Tarafa, que ha asegurado que los cuatro centros que atienden a personas en situación de vulnerabilidad continúan dando servicio.

Así, el proyecto que el tribunal paraliza con la desestimación del recurso es el del dentista dirigido a toda la ciudadanía a precios reducidos, que el Ayuntamiento prevé poner en funcionamiento durante el primer trimestre de 2023: "Todos los retrasos que ha habido en este proceso han sido a causa del proceso judicial", ha resaltado la concejal.

Ha defendido que los cuatro equipamientos abiertos para personas con pocos recursos (con dos sedes en el Eixample y Nou Barris) y otro para niños de hasta siete años y personas sin hogar (en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi) ya han atendido a más de 36.000 personas.

Tarafa ha dicho que la sentencia les genera "sorpresa y perplejidad porque mezcla lo que es un servicio público con lo que es una iniciativa económica" y ha destacado que no es la primera política del Ayuntamiento que ha sido recurrida en los tribunales.