LUZ DE CRUCE

El pueblo de los 17 coches por habitante

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Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

3 min lectura

Automovilistas Europeos Asociados ha realizado su habitual informe de los paraísos fiscales a la hora de pagar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Un coche tipo medio, de 11,99 caballos de potencia fiscal paga en el Ayuntamiento de Valencia: 62 € de impuesto. En los llamados paraísos fiscales de Castielfabib o Puebla de San Miguel solo 8,50 € .

Este hecho ha motivado el que numerosas empresas de alquiler y de renting hayan concentrado la matriculación de sus flotas en pequeños municipios en los que han abierto sucursales por su favorable tratamiento fiscal. A cambio, cada año les toca la lotería por el ingreso que reciben por un impuesto de unos vehículos que ni siquiera circulan, ni van a circular nunca, por esa población.

En poblaciones como Sarratella en la provincia de Castellón están censados casi 17 coches por habitante, siendo el cuarto paraíso fiscal de España, detrás de tres municipios de la provincia de Madrid.

Resulta especialmente llamativo -señala AEA en su informe- el caso de Benidoleig, pequeño municipio alicantino en el que, a pesar de haber aumentado su población en solo 66 vecinos, ha multiplicado por diez el número de vehículos de empresa matriculados en 2022, pasando de 344 a 3.383 unidades.

Charlamos en LUZ DE CRUCE con Mario Arnaldo, presidente de AEA, sobre los paraísos fiscales. Escúchalo.

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Matricular el coche en un paraíso fiscal

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Una recaudación cercana a los 4.000 millones de euros

Este impuesto, creado en España hace treinta y cuatro años en sustitución del impuesto de circulación de vehículos (conocido también como “el numerito”), genera unos ingresos anuales de 3.900 millones de euros a las haciendas locales.

El impuesto se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos; y el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción de los territorios históricos del País Vasco y Navarra.

Recargos y bonificaciones

Sin embargo, la ley permite a los ayuntamientos incrementar discrecionalmente dichas cuotas, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima, situación que ocurre en 12 de las 52 capitales de provincia españolas, según recoge el informe de AEA.

También la ley permite aplicar bonificaciones de hasta el 75 por ciento en función del carburante y las características de los motores, e incluso exonerar del pago del impuesto en el caso de los vehículos históricos y de más de 25 años, gracias a la modificación que AEA consiguió introducir en 1999 en la Ley de Haciendas Locales. Desde entonces, cientos de miles de automovilistas se han ahorrado el pago de este impuesto a cambio de conservar un patrimonio que forma parte de una determinada época de producción automovilística.

“Pero es esta facultad discrecional de los ayuntamientos -señala AEA en su informe- lo que ha desvirtuado la finalidad del sistema tributario y ha dado lugar a la creación en España de verdaderos “paraísos fiscales” en relación con el pago de un impuesto al que están obligados más de 37 millones de contribuyentes”.

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