Una pareja okupa el quiosco de La Pajarera

Dos personas se ha instalado en el antiguo quiosco de bebidas de la Pajarera, ubicado en la calle Regino de Miguel, detrás de la sede de Delegación de Gobierno en Extremadura. Los vecinos de Santa Marina dieron la voz de alarma el pasado fin de semana, aunque viven allí desde el pasado 25 de marzo.

Él es extremeño, aunque no quiere identificarse para que su familia no conozca el estado en el que vive. Tiene además una discapacidad superior al 60% derivada de un accidente de coche.

Ella, Adriana, es venezolana y tiene 43 años. Estuvo un tiempo viviendo en Segovia y trabajando en el sector de la limpieza. La perdida de su empleo a principios de 2022 provocó que dejase de pagar el alquiler del piso en el que vivía, hecho que ha propiciado que este mismo mes de marzo fuese desahuciada del hogar. También ha perdido la custodia de su hijo de 4 años.

Tras varias semanas pernoctando en Madrid, decidieron venir a Badajoz. Las condiciones climatológicas adversas les llevaron a buscar cobijo en este quiosco abandonado. Durante estos días han limpiado y arreglado el lugar.

El Instituto Municipal de Servicios Sociales ha ofrecido ayuda a la pareja: alojamiento en la calle Bravo Murillo, alimentación e incluso han estudiado los posibles subsidios que puede recibir la pareja.

Ellos se niegan a irse. Señalan que no les aseguran un hueco en el albergue y que cada día a las 17:00 de la tarde tienen que visitar la sede para ver si hay disponible alguna cama. Indican que los horarios del centro suponen un problema a la hora de buscar trabajo, debido al requisito de deber personarse cada día a esa hora de la tarde para conocer si hay hueco disponible. Añaden además que no quieren separarse.

La policía ya ha avisado a la pareja en repetidas ocasiones de que deben abandonar el lugar. Ellos desestiman la opción y apelan a la comprensión ciudadana.

El Ayuntamiento, por su parte, ha comunicado que cuando se produzca el desalojo derribarán el quiosco, una petición de los vecinos de la zona desde hace nueve años. El motivo es que la edificación no cumple la normativa vigente. Desde el consistorio añaden que la demolición estaba planificada y que nada tiene que ver con la okupación reciente.

Por el momento, la administración ha iniciado un expediente de recuperación de oficio de un bien de dominio público.