La Junta de Extremadura exige más documentación al proyecto de la mina de litio

Mercedes Morán ha ratificado que la Junta de Extremadura velará por la legalidad del proyecto minero de litio en Cáceres promovido por la empresa australiana Infinity Lithium. Morán subrayó que la Administración autonómica no se pronuncia ni a favor ni en contra del proyecto, sino que su prioridad es asegurar que todo se realice conforme a la normativa vigente y con las garantías necesarias.

La consejera explicó que el requerimiento de más información a la empresa minera, realizado por los técnicos de la Junta, es un proceso "normal dentro de la ley", como parte de la evaluación exhaustiva que se está llevando a cabo sobre el proyecto. La solicitud de más documentación, añadió Morán, tiene como objetivo garantizar que el proyecto cumpla con los estándares de seguridad jurídica, protección del medio ambiente, salud pública y solvencia económica, tanto del proyecto como de la empresa que lo promueve.

Entre los aspectos que se están evaluando detalladamente se encuentran los estudios de impacto ambiental, la financiación del proyecto y las infraestructuras necesarias, como el suministro de gas y electricidad. Morán destacó que este tipo de requerimientos buscan mejorar el proyecto y asegurar que se lleve a cabo de manera responsable y sostenible.

"Queremos que Extremadura sea un lugar atractivo para proyectos que generen empleo y desarrollo, pero siempre bajo el cumplimiento estricto de la legalidad", manifestó la consejera. Con ello, la Junta pretende ofrecer seguridad jurídica a las empresas que operan en la región, al tiempo que asegura a los ciudadanos que sus intereses están protegidos.

Sin embargo, el debate sobre el proyecto minero no ha estado exento de polémica. Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura, cuestionó duramente la gestión de la Junta en relación con este proyecto. De Miguel acusó al Gobierno autonómico de "negligencia" al tramitar un permiso de explotación sin contar con garantías suficientes sobre la solvencia económica de la empresa. La portavoz señaló que la solicitud de más información, junto con el hecho de que el plazo para que Infinity Lithium aporte la documentación sea de seis meses, cuando la ley establece un plazo máximo de diez días, pone en evidencia la "irresponsabilidad" de la Administración en este caso.

De Miguel también alertó sobre el riesgo de que las calificaciones como proyectos de interés autonómico otorguen ventajas indebidas, como agilizar los trámites administrativos y recibir subvenciones directas, favoreciendo a empresas "extractivistas y especuladoras" a costa de los recursos naturales de la región. La portavoz subrayó que, mientras el Gobierno regional pide más información, la movilización ciudadana contra la mina ha crecido, con más de 8.000 personas saliendo a las calles en un acto de protesta.

Este proyecto minero de litio ha generado una profunda división en la sociedad extremeña. Mientras que el Gobierno regional apuesta por la minería como una oportunidad de desarrollo económico, la oposición y numerosos colectivos ecologistas ven en él una amenaza para el medio ambiente y la salud pública, además de una posible explotación insostenible de los recursos.

A pesar de las diferencias, tanto el Ejecutivo regional como la oposición coinciden en la importancia de que cualquier proyecto de este tipo se ajuste a la legislación y ofrezca todas las garantías tanto a la ciudadanía como a las empresas involucradas. El futuro de la mina de litio en Cáceres, por lo tanto, continúa siendo un tema de debate intenso que marcará la agenda política de la región en los próximos meses.