Afrontan dos años y medio de cárcel por irregularidades que llevaron a la quiebra a una SAT de Riotorto

El presidente y el secretario de una Sociedad Agraria de Transformación (SAT), dedicada a la producción de leche en el municipio lucense de Riotorto, se sentarán mañana -día 29- en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo para responder por las supuestas “irregularidades” que llevaron a la quiebra a esa entidad.

El ministerio fiscal solicita para cada uno de los acusados dos años y medio de prisión por las “irregularidades contables”, las “falsedades” documentales y los “incumplimientos legales de sus obligaciones como gestores de la sociedad”, que derivaron en la quiebra de la misma, con los consecuentes perjuicios para los demás socios.

En su escrito de acusación, el ministerio público aclara que desde la fundación de esa SAT, en el año 2003, ambos acusados “puestos de común acuerdo y prevaliéndose de los cargos que tenían atribuidos en la mencionada sociedad”, cometieron todas las “irregularidades” mencionadas, lo que derivó en un “grado tal de endeudamiento” que acabó por hacerla “inviable” desde el punto de vista empresarial en el año 2014 .

Entre otras irregularidades, el fiscal subraya que ambos acusados “hacían constar un capital social que no coincidía con el que figuraba en los libros de contabilidad”, realizaban “préstamos de la SAT a sus socios” y hacían “pagos en efectivo” que incumplían la ley que regula en funcionamiento de este tipo de sociedades y elaboraban con “completa oscuridad el plan general contable” de la sociedad.

Otro matrimonio, socio de la SAT desde su creación, que aportó casi 77.000 euros para poner en marcha la sociedad, además de varias fincas, maquinaria agrícola y cabezas de ganado, reclama “por el perjuicio” que les provocó “la gestión de los acusados en su propio beneficio”.

El fiscal considera que esos hechos son constitutivos de un delito societario y pide para cada uno de los acusados dos años y medio de prisión, una multa de 4.320 euros y el pago de la responsabilidad civil que quede acreditada en la sentencia.