La Rioja recurrirá el expediente de Providentia sobre línea Tauste-Júndiz aprobado sin previo aviso

El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado hoy martes interponer un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Política Energética que otorga autorización administrativa previa para el parque eólico Providentia y sus infraestructuras de evacuación.

La sorpresa fue mayúscula cuando se comprobó que La Rioja, sin que nadie lo hubiera comunicado previamente, también está incluida en este proyecto. En concreto, pasa por Zaragoza, Navarra, La Rioja, Álava y Burgos, tal y como figura en esa resolución publicada el pasado 5 de enero en el Boletín oficial del Estado.

Con "nocturnidad y alevosía", según ha dicho la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente. Noemí Manzanos ha explicado que La Rioja no aparecía vinculada al proyecto de Providentia que, de forma perversa y sin previo aviso, acumula a su expediente de tramitación la línea de alta tensión Tauste-Júndiz, hasta ahora asociada al parque fotovoltaico Tara y Umiko del Grupo Forestalia, otorgando de esta manera la autorización a dicha línea de 180 kilómetros que atravesaría La Rioja de Alfaro hasta Briñas, afectando a 29 municipios.

Con la presentación de este recurso transversal, en el que ya trabajan varias consejerías y departamentos del Gobierno Regional, aportando sus alegaciones, el Ejecutivo que preside Gonzalo Capellán deja patente su firme oposición a un proyecto que, a su juicio, "perjudica los intereses de la Comunidad y de los riojanos".

El Gobierno de La Rioja recurrirá esta resolución ministerial y solicitará medidas cautelares, hasta alcanzar la vía judicial, para que hasta que el recurso no se resuelva, no continúe la tramitación de la línea.

Noemí Manzanos ha emplazado al Ministerio para la Transición Ecológica a que cese en su pretensión, "casi obsesiva", con esta línea que supondría destrozar el paisaje de La Rioja de este a oeste. A la vista de estas decisiones del Ministerio, el Gobierno de La Rioja entiende que "se ha menoscabado la información y el interés legítimo del Ejecutivo como afectado, limitando así sus posibilidades de defensa".