El Ayuntamiento de San Sebastián suspende las cenas solidarias en Egia por razones de "seguridad".

La suspensión desde este jueves de las cenas solidarias que cada noche ofrecía desde hace 4 años el grupo Kaleko Afari Solidarioak (KAS) en el barrio donostiarra de Egia es un tema “de seguridad”, ha justificado el edil de Seguridad Ciudadana, Martin Ibabe. El Ayuntamiento de San Sebastián prohíbe dichas cenas en Egia, que sí permite en otros puntos de la ciudad, "ante el aumento constante de la actividad delictiva en este barrio desde 2022".

Una prohibición que no tiene que ver con el reparto de cenas, según Martín Ibabe, sino con el problema de inseguridad que se está dando en ciertas zonas como Tabakalera, Duque de Mandas, la Estación de Autobuses o en el entorno del Juzgado, donde se ofrecen dichas cenas. Existe un dispositivo policial en el barrio de forma permanente que se va a volver reforzar ahora ante el alza de delitos. 

Martin Ibabe ha destacado que en 2022 ya se produjo en Egia un incremento del 29% de la actividad delictiva, en 2023 del 16% y en el primer semestre del este año se han contabilizado 600 actuaciones. "Existe además una queja ciudadana, contrastada con los datos policiales sobre actividad delictiva", ha subrayado el edil de Seguridad Ciudadana que asegura que "esa es la razón por la que se ha tomado esta decisión y es así de simple y de clara".

Ibabe niega que el Gobierno municipal relacione el reparto de cenas solidarias con un incremento de la delincuencia, ya que "hay un colectivo de personas que va a cenar por necesidad". Ha insistido en que "algunos de ellos acuden a cenar y otros acuden a ese llamamiento y se encuentran en ese lugar". Y ha explicado que la pasada semana se llevó a cabo una actuación policial con "una serie de decomisos de navajas, objetos punzantes, tijeras, machetes, droga y pastillas" en la zona.

caritas gipuzkoa 

El responsable del área de Personas Sin Hogar de Caritas Gipuzkoa, Sergio Corchón, considera que "es muy peligroso asociar pobreza a delincuencia". Por ello es necesario hacer mucha pedagogía y no criminalizar a un colectivo que es muy vulnerable pero la organización también es consciente de que "quien delinque debe asumir las consecuencias de sus actos". 

"Solidaridad y seguridad deben ir de la mano", señala Sergio Corchón, quien pide a las administraciones públicas que desarrollen un "plan integral" para atender los derechos más básicos de estas personas sin hogar como son "la vivienda y la alimentación".