Qué opina COPE de: relaciones Iglesia-Estado

El año 2020 ha estado protagonizado por la intensidad política que ha marcado estos últimos meses, sobre todo a raíz del impacto de la crisis económica, social y política derivada de la pandemia. A continuación repasamos la relación Iglesia-Estado a través de la Línea Editorial de COPE.

La Iglesia Católica y el nuevo Gobierno

Como es habitual en estas ocasiones, el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Ricardo Blázquez, ha enviado su saludo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. En el texto, el cardenal Blázquez ofrece al Gobierno la «colaboración leal y generosa» de los obispos de la Iglesia católica, y recuerda que «la vida religiosa auténtica contribuye al bien general de la sociedad». Unas relaciones normales entre la Iglesia y el Gobierno deben partir de una adecuada comprensión de la naturaleza y misión de la Iglesia. Los principios de autonomía, lealtad y cooperación en el marco de un Estado aconfesional deben marcar la forma de esas relaciones, tal y como contemplan los vigentes Acuerdos firmados con la Santa Sede. Los obispos han insistido reiteradas veces en la voluntad de diálogo a la hora de sacar adelante un proyecto común que respete la libertad religiosa y tenga en cuenta la dignidad de la persona, fomente la libertad personal y social y apueste preferentemente por los pobres y descartados de la sociedad.

El Gobierno, que lo es de todos los españoles, debe reconocer que en los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado existen mecanismos asentados que fomentan la colaboración en favor del bien común de la sociedad. Sería deseable que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no se deje arrastrar por prejuicios arcaicos e ideologías sectarias respecto de la Iglesia. Existe un amplio campo para la cooperación leal, en recíproco respeto a la identidad y competencia de cada uno.

La inquietud de los obispos con la situación política

El presidente de la CEE ha mostrado al nuevo Gobierno su disposición a la «colaboración leal y generosa» al servicio del «bien general» de la sociedad. Esa mano tendida no ha impedido al cardenal Blázquez expresar su «inquietud» por el clima de confrontación que vuelve a presidir la política española, con bloques que recuerdan a «capítulos penosos» de nuestra historia que parecían superados. En amplios sectores del propio PSOE existe seria preocupación por esa dependencia de partidos que propugnan la ruptura de España o apoyaban hasta hace poco el terrorismo. No significa esto cuestionar la legitimidad o incluso la conveniencia de explorar las vías de diálogo posibles para resolver la grave crisis institucional en Cataluña.

Sorprende, sin embargo, que mientras el nuevo Ejecutivo tiende la mano a quienes solo parecen entender el diálogo como imposición de sus ideas, se dedique a abrir frentes innecesarios en otras materias. Tras dinamitar las negociaciones para un pacto educativo, Sánchez amenaza a la concertada y anuncia medidas unilaterales con respecto a la clase de Religión que contravienen los Acuerdos con la Santa Sede. Y desde la nueva mayoría se lanzan amenazas sobre el IBI, sugiriendo que la Iglesia disfruta de privilegios injustificados, viejo mantra desmentido por los hechos. Son por ahora solo declaraciones de intenciones, pero lo último que necesita ahora España es una competición en radicalidad entre el PSOE y sus aliados.

Una Iglesia bien visible

Los directores de las Cáritas diocesanas de toda España reconocen que los servicios están desbordados, los responsables de la pastoral social y de la caridad trabajan a destajo, miles de voluntarios prestan asistencia personal y telefónica a quienes lo necesitan, Cáritas Madrid fue la primera en generar propuestas de apoyo vecinal, las comunidades de clausura fabrican mascarillas, los capellanes se dejan la vida atendiendo a enfermos y moribundos en los hospitales, se ceden seminarios, residencias, casas de ejercicios, y, cómo no, se multiplican las donaciones por parte de instituciones católicas para comprar material sanitario. Pese a todo esto, hay personajes públicos que dicen que la Iglesia es el colectivo más invisible en esta crisis.

Es verdad que en el día a día no se publican los balances de las acciones que la Iglesia lleva a cabo, ni se convocan ruedas de prensa en las que se comuniquen los logros. No hay mucho tiempo que perder, ni interés en sumar reconocimientos públicos. Pero eso no es ser invisible. Es verdad que la labor de la Iglesia no acapara titulares, ni ella se dedica a la crítica o la alabanza a la gestión de los gobiernos. Pero eso no es ser invisible. Su palabra, sus gestos de oración, su reclamo a la verdad del hombre y a su dignidad como hijo de Dios son una luz en medio de la tormenta, también para muchos que no son creyentes. La labor espiritual, caritativa y social de la Iglesia no está centralizada en un mando único, pero eso no es ser invisible. En estos días lo que se ven son hombres y mujeres de fe que de manera comunitaria arriman el hombro para acoger, proteger, sostener y acompañar en un ejercicio de amor fraterno que lo es también de ciudadanía. Y, pese a todo, algunos no quieren ver.

La Iglesia justifica correctamente el uso de los fondos del IRPF

El Informe del Tribunal de Cuentas sobre fiscalización de los fondos que la Iglesia recibe del Estado a través de la Asignación Tributaria refleja el rigor y la transparencia de la Iglesia a la hora de gestionar y justificar esos fondos. Es importante destacar que el dinero asignado libremente por los contribuyentes a través del IRPF se destina, según lo previsto en los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado, al sostenimiento de la Iglesia y al cumplimiento de su misión. Eso incluye el sueldo de los sacerdotes, las obras de apostolado, de caridad y de cultura, para estar presente en medio de nuestra sociedad. Respetando esos fines, corresponde solo a la Iglesia decidir cómo usa los recursos, según el principio constitucional de libertad religiosa.

El Informe del Tribunal de Cuentas viene a reconocer que la Iglesia ha respondido puntualmente a la hora de presentar cada año la Memoria explicativa del uso de los fondos recibidos, así como de resolver cualquier requerimiento de información por parte de la Administración del Estado, o cualquier otra incidencia. En contra de lo que se había publicado hace meses, el Informe, aprobado por unanimidad en el pleno del tribunal, aclara cualquier duda y reconoce la validez de la actual Memoria de actividades de la Iglesia, que, además de explicar el dinero recibido y su utilización concreta, despliega los principales campos de la aportación insustituible de la Iglesia a la sociedad española.

El Gobierno debe enderezar sus relaciones con la Iglesia

La vicepresidenta Carmen Calvo se ha reunido esta semana con el nuevo nuncio, Bernardito Auza, a quien ha mostrado la mejor disposición del Gobierno a mantener una estrecha colaboración. También ha expresado su intención de participar en el foro educativo que el Papa ha organizado en mayo. Hasta ahí, máxima normalidad. El problema es que esta declaración de intenciones coincide con el anuncio de que la Religión no será evaluable y carecerá de alternativa, lo cual vulnera los Acuerdos con la Santa Sede. Llaman también la atención los comentarios de Calvo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, asegurando que la Iglesia no paga los impuestos que debiera, cuando está sometida al mismo régimen fiscal que se aplica a otras organizaciones sin ánimo de lucro.

Resulta inevitable recordar los tiempos de Zapatero, cuando el Gobierno contraponía la buena sintonía con Roma a la supuesta intransigencia de los obispos españoles. Lo cierto es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría haberse ahorrado alguna provocación gratuita. Si la polémica por el pin parental ha acaparado la atención es por las sospechas de que la reforma de la ministra Celaá confunde las necesidades educativas con los intereses ideológicos de su partido. De ahí ha surgido una polémica que, como asegura Escuelas Católicas, solo siembra desconfianza entre las familias y la escuela, debilitando aún más el pacto educativo que precisamente se propone recomponer el encuentro convocado en mayo por el Papa.