Amnistía, el peaje independentista para investir a Sánchez: qué implica y su retorcido encaje constitucional

El PSOE ya se ha hecho con la presidencia del Congreso por lo que ahora toca negociar la futura investidura de Pedro Sánchez. Los partidos nacionalistas aseguran que no hay nada pactado y esperan que el líder socialista mueva ficha. Pero en este mercado persa, no hay cheques en blanco.

El acuerdo alcanzado con Junts y ERC para la Mesa del Congreso y que ha hecho presidenta de la Cámara a la socialista Francina Armengol, allana por lo pronto la investidura de Sánchez.

Aunque la letra del acuerdo entre el PSOE y los independentistas catalanes para el Congreso no contempla la amnistía de los encausados catalanes, ambas formaciones sí la plantean a futuro de cara a la negociación para hacer presidente a Sánchez.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ya lo advertía este mismo jueves. Decía que el compromiso para "avanzar" en la "desjudicialización" del conflicto catalán pasaría por aprobar una Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados.

Eufemismos: Explorar vías

Y en esta negociación, ¿qué significa explorar vías para que la justicia salga de lo que llaman el conflicto catalán?, se preguntaba Sergio Barbosa, este viernes en Herrera en COPE. "Quiere decir que lo de la amnistía para Puigdemont lo van a seguir mirando, pero que al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido hay que darle tiempo para que encuentre la pócima con la que poder hacerlo posible".

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Y es que una eventual amnistía sólo podría salir adelante mediante una ley orgánica, que requiere la mayoría absoluta del Congreso, al tratarse de un asunto que atañe de forma directa a los derechos fundamentales, por lo que es probable que la norma acabara dirimiéndose en el Constitucional.

En cualquier caso no será sencillo. "La amnistía es peor que el indulto. Ya no es que perdonen por la cara a un delincuente, es que la amnistía supone que el estado asuma que sus tribunales impusieron sentencias injustas que deben ser, no solo perdonadas, sino olvidadas".

Qué implica y la amnistía del 77

La amnistía borraría de un plumazo los antecedentes penales del fugado de la justicia desde 2017, Carles Puigdemont por la celebración del referéndum ilegal, lo que supondría que podría regresar a España.

Pendientes de esta ley estarían también los 4.000 encausados por el ‘procés'. Gonzalo Boye, el abogado del expresidente catalán ya abogaba por la amnistía para todos ellos, al considerar que es “la vía más impecable y limpia para solucionar un problema que nunca debería haber llegado a los tribunales”.

En su opinión, desjudicializar el conflicto catalán pasa por acordar una amnistía como la que se aprobó en el año 1977.

En este sentido, para el colaborador de Herrera en COPE, Nicolás Redondo, se trata de dos amnistías "incomparables". La del 77 "fue un acto de concordia de todos los grupos políticos".

Ahora, advierte, "es un pago que hace el secuestrado, el gobierno, al secuestrador que es el independentismo catalán, concretamente Puigdemont”.

No obstante reconoce que "habrá formas para evadir fraudulentamente la ley y su espíritu".

Difícil encaje constitucional

Pero la amnistía de los encausados por el procés despierta dudas entre los juristas por el difícil encaje constitucional y legal de una vía excepcional pensada para procesos de reconciliación o de transición democrática.

A diferencia de los indultos generales, expresamente prohibidos en la Constitución, ni la Carta Magna ni el Código Penal hacen alusión alguna a la amnistía, a lo que se aferran quienes defienden su viabilidad jurídica para dar respuesta a un conflicto que creen eminentemente político.

Sin embargo, otros juristas advierten de que una amnistía al independentismo, que requeriría una ley orgánica, entraría en conflicto con la Constitución: no sólo porque puede considerarse un indulto genérico encubierto, también porque implicaría sustraer al poder judicial su facultad de juzgar e, indirectamente, admitir que ha habido persecución política.

Los grupos independentistas en el Congreso ya presentaron en marzo de 2021 una propuesta de ley orgánica de amnistía que la Mesa rechazó tramitar, en base a un informe de los letrados de la cámara que avisaba de que podía suponer un "indulto general" a los encausados por el procés.

La proposición de ley apostaba por resolver el "conflicto político entre Cataluña y España" amnistiando todos aquellos "actos de responsabilidad política" vinculados a las consultas del 9N y el 1-0, así como los delitos cometidos en el marco de las protestas del procés, y encargaba a jueces y tribunales la aplicación de la medida de gracia, caso por caso.