Diego Garrocho: "Incluso la soberanía nacional que emana del pueblo, debe estar sometida al imperio de la ley"

Partamos de un precedente muy actual. Giorgia Meloni ha visto como la justicia italiana ha frustrado, al menos por el momento, su proyecto de internamiento de personas migrantes en Albania. 

Personalmente, tengo una opinión nefasta sobre unos centros de internamiento semicarcelario que suponen un atentado contra la dignidad de las personas. Pero más allá de la escasa moralidad que entraña la reclusión forzosa de personas en un país extranjero como Albania, me ha resultado políticamente muy llamativa la postura de Meloni. "Es muy difícil trabajar con las instituciones a modo de oposición", ha sentenciado la líder de Fratelli d'Italia, para concluir que la intervención del tribunal romano invade el terreno de la política que expresa la voluntad popular. ¿Les suena?

Políticos señalando a jueces porque invaden su terreno. La colisión entre el poder político y el orden constitucional es un clásico de la filosofía política. Sin embargo, si algo caracteriza a la democracia liberal y al Estado de derecho, es que todas las instituciones y todos los poderes del Estado deben estar sometidos al principio de legalidad. La ley, y más aún la norma fundamental, limitan el espectro de cosas que podemos decidir. 

Un Estado de derecho es un régimen en el que ni siquiera el soberano tiene un poder absoluto. El precedente de Meloni me ha recordado a cuando el Tribunal Constitucional paralizó en España la tramitación de la ley que derogaba el delito de sedición en 2022. 

En aquellos días, diputados como Carmen Calvo e Íñigo Errejón, que son profesora titular de Derecho Constitucional y doctor en Ciencia Política, no dudaron en invocarla a la soberanía popular, sintagma inexistente en nuestra Constitución, para concluir que nada ni nadie podría estar por encima de las decisiones del Congreso. 

Se equivocaban ambos, y tal vez el ejemplo de Meloni les servirá a muchos para reconocer que es una garantía y no un estorbo el que las decisiones del poder ejecutivo y el legislativo estén sometidas a un control jurídico. 

Esto lo resolvió con total claridad Benjamin Constant hacia 1806. Lo inquietante del poder es su condición absoluta, no quien lo ostenta, pues tan despótico puede ser un tirano como una mayoría. Por este motivo, incluso la soberanía nacional que emana del pueblo, al igual que cualquiera de los poderes del Estado, debe estar siempre sometido al imperio de la ley.