Antonio Herraiz: "No puedes ver a tus padres pero el 8M se pueden manifestar hasta 500 personas"

Después de una Navidad con 17 medidas diferentes, tras meses con restricciones muy diferentes dependiendo de cada territorio, el Gobierno se plantea ahora consensuar un plan conjunto para Semana Santa. Aquí se ha vuelto a evidenciar un problema. Sánchez e Iglesias se han puesto de perfil para que cada comunidad autónoma actuara según su conveniencia con un galimatías importante.

Ahora mismo solo se permite la entrada y salida sin problema en cuatro comunidades autónomas. Madrid, Extremadura, Baleares y Canarias y otros gobiernos autonómicos estudian dar ese paso. A 25 de febrero, no hay datos que aseguren que los confinamientos regionales vayan a estar abiertos para Semana Santa. La incidencia del coronavirus sigue descendiendo, está por debajo del riesgo extremo, pero ya vimos en Navidad lo que se tarda en darle la vuelta.

A esto hay que añadir el plan de vacunación, que avanza, pero a ritmo lento. Y con una polémica que se ha abierto en Europa. Te hablo del conocido como “pasaporte COVID”, una tarjeta verde, que permitirá a los vacunados tener mayor libertad que los que no lo estén. Esto facilitaría la movilidad y supondría un alivio para el sector turístico. Presidentes autonómicos como Ayuso en Madrid, Feijoo en Galicia, o el propio Ministerio de Turismo trabajan en esta opción. Aquí surge un problema, que cuestiona su legalidad y lo ha recalcado en Herrera en COPE Juan José Bestard, es el copresidente de la Sección de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid: “La legislación europea y la española en concreto no lo permite. La limitación de la circulación de movimiento en la Unión Europea está prohibida. No se podría hacer. En España tampoco por la legislación interna porque iría contra la Constitución, artículo 19 que dice que la libre circulación es un hecho fundamental “.

Y mientras las comunidades autónomas siguen debatiendo aliviar las restricciones, cuando comercios, bares y restaurantes siguen con limitaciones severas, en el Gobierno, desde el ministerio de Igualdad quieren que se autoricen manifestaciones el 8M. No sólo desde el departamento de Irene Montero. Escucha lo que ha dicho hoy el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés: “El Gobierno de la Generalitat de Cataluña en estas posibles manifestaciones del 8 de marzo, como en cualquier otra manifestación, en tiempos de pandemia respeta y protege el derecho de manifestación. Y evidentemente con todas las recomendaciones sanitarias por lo que hace referencia a distancia a la propia organización”.

Aragonés no ha especificado las medidas de seguridad que deberán de cumplir esas manifestaciones feministas, pero volvemos a chocar con la misma piedra. En Madrid, el delegado del Gobierno ha dicho que 500 personas como máximo. No puedes ver a tus padres si viven en otra comunidad autónoma, aunque sea vecina. No has podido acudir al funeral de un amigo por restricciones en el aforo. Si tienes un bar, haces de policía para no superar el límite permitido. Pero sí van a permitir juntarse 500 el 8M. Todo muy normal. Luego que no estamos avisados.