Pilar García Muñiz sobre García Ortiz: "La mera sospecha debería desembocar en una dimisión"

Es algo totalmente inédito. El Supremo investigará al fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz por revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. García Ortiz ya ha dicho que no piensa dimitir.  

Es una situación enrevesada a más no poder. El Fiscal fiscalizado que no quiere abandonar la presidencia del órgano que le tiene que fiscalizar.

Es como un trabalenguas que no se entiende si no es desde la política pura y dura, y eso es lo triste de este asunto. Hasta qué punto la justicia se ha politizado, algo que no debería de sorprendernos si recordamos la famosa frase de Pedro Sánchez: “¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso.”

Esta frase explica donde estamos hoy. Álvaro García Ortiz es el único Fiscal General con un informe del Poder Judicial en contra de su nombramiento. Le consideraron “no idóneo” precisamente por sus decisiones políticas en favor de la exministra Dolores Delgado a quien él mismo había situado en lo más alto de la Fiscalía.

Todo este tejemaneje fue pasado por alto por el Gobierno porque realmente se buscaba un cargo político y no jurídico. Y lo cierto es que políticamente se ha implicado tanto que ha podido sobrepasar las líneas de las garantías procesales. En concreto, la confidencialidad entre las partes de un proceso judicial.

Te pongo en situación: acaba de saltar la investigación judicial sobre Begoña Gómez y en esos días se conoce que la pareja de Isabel Díaz Ayuso está siendo investigada por presunto fraude fiscal. Para apoyar esta información, se filtró a los medios correos electrónicos entre la defensa y la Fiscalía en los que se trataba de llegar a un acuerdo.

Esa información confidencial la conocía muy poca gente. Fue publicada por varios medios e incluso la fiscalía emitió después una nota de prensa que asumió el propio Álvaro García Ortiz. Por todo esto, está hoy investigado en el Supremo.

En el fondo, lo que se trata de aclarar es si el Fiscal General se saltó la neutralidad que se le presupone al cargo para maniobrar contra un rival político del gobierno como es Ayuso y además filtrando información confidencial. Todo supuestamente.

García Ortiz ha convocado mañana una reunión de la junta de fiscales para explicar por qué no dimite. Seguro que encuentra argumentos, pero la mera sospecha debería desembocar en una dimisión. No por García Ortiz, sino porque el cargo que ostenta.

Por higiene democrática, la Fiscalía General tendría que quedar al margen de toda duda cuando se inicia una investigación judicial sobre ese organismo. Y eso no puede ser si el investigado es el propio Fiscal General.