"Serían casi 25 millones de migrantes para mantener la relación entre trabajadores y pensionistas, aunque el trasfondo sea una cuestión de humanidad"

Imagina que llegas a tu casa tras 10 horas trabajando. Vas a cobrar en negro y por debajo del salario mínimo legal y no te van a pagar las horas extra que has echado porque en realidad no tienes contrato. Tampoco puedes reclamar nada porque, laboralmente, eres un fantasma aunque tu trabajo sea una realidad. Y si tienes que ir al médico, cuidado, porque no lo vas a tener fácil. Las bajas para ti no existen, aunque la enfermedad no te deje levantarte de la cama.

Sinceramente, ¿aceptarías un trabajo así? Yo creo que no. Pues estas son las condiciones en las que viven y trabajan en España, desde hace tiempo, aproximadamente medio millón de personas.

Ahora se quiere aportar algo de luz, una solución que pasa por una regularización extraordinaria de estas personas. Nadie está hablando de abrir fronteras o de entregar papeles de forma gratuita. De lo que se trata es de dar una cobertura legal, derechos y obligaciones, para miles de personas que ya están trabajando desde hace tiempo entre nosotros, pero con condiciones propias del siglo XIX.

Esta regularización solo puede aprobarse en el Congreso y por ello se ha tramitado con una Iniciativa Legislativa Popular. A través de 900 organizaciones sociales, entre las que hay varias de la Iglesia, se recogieron más de 700.000 firmas (una cifra muy superior a la que se necesitaba).

Hoy en el Congreso se ha reunido la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones para negociar el texto definitivo. Es una cuestión de justicia con personas que llevan años trabajando en la sombra, pero aunque solo fuera por puro egoísmo, esta regularización nos puede beneficiar a todos porque según una estimación de la Universidad Carlos III de Madrid la aportación neta de cada trabajador regularizado será de más de 3.250 euros por persona y año. Esa aportación ahora mismo no existe.

Según el CIS, la inmigración es la primera preocupación de los españoles, así que se presta fácilmente a la demagogia. Nadie pone en duda que tiene que gestionarse de una forma ordenada. Nadie niega que existe una necesidad de controlar las fronteras, los flujos migratorios y combatir las mafias. Esto es una realidad.

Pero también lo es que a nuestra demografía le cuesta cada vez más sostener el sistema y en un futuro probablemente hagan falta trabajadores extranjeros. Más de los que podemos imaginar, según un informe Banco de España serían casi 25 millones de migrantes para mantener la relación entre trabajadores y pensionistas. Podemos verlo como pura matemática, aunque el trasfondo sea una cuestión de humanidad.