Una abogada especialista en violencia de género explica cómo Errejón se beneficia de la ley del solo sí es sí: "Esta denuncia"

La reciente controversia en torno a Íñigo Errejón, ex portavoz de Sumar, ha desatado un intenso debate sobre la legislación en materia de violencia sexual en España, especialmente la ley del “solo sí es sí”. Amparo Díaz, abogada especializada en delitos contra la explotación sexual y violencia de género, ha sido clara al señalar cómo esta ley afecta la situación del político y las posibles implicaciones legales que enfrenta.

La denuncia presentada contra Errejón por Elisa Mouliaá ha puesto de manifiesto la necesidad de examinar los matices legales en juego. Díaz explica que los hechos ocurrieron en 2021, antes de la entrada en vigor de la ley del “solo sí es sí” en 2022. 

Esto significa que, a efectos legales, los delitos cometidos en ese momento se regirían por la legislación anterior, que diferenciaba entre agresión y abuso sexual. En este contexto, la abogada destaca que Errejón podría beneficiarse de esta situación, ya que las posibles condenas serían más leves bajo la normativa anterior.

El cambio en la legislación es crucial. La ley del “solo sí es sí” ha ampliado la definición de agresiones sexuales y ha endurecido las penas. Sin embargo, como los hechos denunciados ocurrieron antes de su entrada en vigor, es probable que se le apliquen los tipos penales que existían en ese momento, lo que podría resultar en una condena más benigna. 

Errejón se beneficia

Díaz subraya que este hecho resalta una incongruencia en la aplicación de la ley: aunque se han implementado medidas más estrictas para proteger a las víctimas, no se pueden aplicar retroactivamente en este caso específico.

El impacto de la figura de Errejón, como político de renombre y defensor de la causa feminista, también es relevante en este debate. La abogada expresa su sorpresa al ver que alguien que ha promovido la igualdad de género pueda estar involucrado en comportamientos tan contradictorios con su discurso público. Este fenómeno no es nuevo en el ámbito de la política, donde se han documentado casos de individuos que abogan por causas progresistas mientras sus acciones personales reflejan conductas opuestas.

Díaz hace hincapié en la importancia de que las víctimas de violencia sexual se sientan apoyadas y empoderadas para presentar denuncias. La atención mediática que rodea el caso de Errejón podría motivar a otras mujeres a dar un paso adelante y hablar sobre sus experiencias. Sin embargo, también alerta sobre los riesgos de un juicio público que a menudo no toma en cuenta las complejidades del proceso judicial. La abogada aboga por que las denuncias se hagan en el ámbito legal en lugar de en redes sociales, donde la falta de control puede dar lugar a ataques hacia las víctimas o al denunciado.

La conversación también toca la relevancia de los procesos forenses y psicológicos en casos de violencia sexual, donde cada aspecto del caso debe ser cuidadosamente evaluado. En este sentido, la intervención de profesionales es clave para garantizar que se escuchen todas las voces y se tomen decisiones justas.

El caso de Errejón se encuentra ahora en manos de la justicia, y el juez deberá determinar bajo qué normativa se regirá el proceso, considerando las fechas de los hechos y las leyes aplicables. Este desarrollo no solo es crucial para Errejón, sino que también podría tener implicaciones más amplias sobre cómo se manejan los casos de violencia sexual en el futuro, especialmente en un clima donde la legislación está en constante evolución.

En resumen, la intervención de Amparo Díaz pone de relieve los desafíos que enfrentan tanto las víctimas como los acusados en casos de violencia de género. La ley del “solo sí es sí” ha traído consigo una nueva perspectiva sobre la protección de las víctimas, pero también ha puesto en evidencia la complejidad de su aplicación. El futuro del caso de Errejón y su relación con esta legislación será observado de cerca, no solo por su impacto en su vida personal y profesional, sino también por las implicaciones más amplias que podría tener en la lucha contra la violencia sexual en España.