"El sanchismo ha liderado la mayor ofensiva contra los jueces desde la Transición"

No sé si conoces la plaza de la villa de París, en Madrid, muy cerquita de Colón. Es una de las plazas más elegantes de la capital, una geometría de parterres y arena flanqueada por árboles perfectamente alineados donde juegan los niños y corretean los perros en torno a las estatuas de Fernando VI y su mujer, Bárbara de Braganza. 

También es el lugar con más jueces por metro cuadrado de España. Y son los jueces más poderosos, porque en esa plaza se concentra el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial. Ahora entiendes por qué ese barrio se llama Justicia.

Allí se ha celebrado esta mañana la solemne apertura del año judicial, presidida por el rey Felipe VI. Y para la Justicia española este curso comienza, en principio, mucho mejor que los anteriores, porque lo hace con un Consejo del Poder Judicial renovado por acuerdo de los partidos y con una presidenta elegida por mayoría de los vocales, tras varias reuniones infructuosas y sobre la bocina ya del acto de apertura de hoy. 

La presidenta se llama Isabel Perelló, magistrada catalana considerada progresista, pero propuesta por los vocales conservadores al entender que una cosa es ser progresista y otra muy diferente es ser sanchista. De hecho, son incompatibles.

Perelló es amiga de Margarita Robles, pero no era la deseada por el Gobierno, porque se ha pronunciado en contra de la amnistía y porque rechazó el recurso del PSOE contra el último escaño madrileño del PP en las últimas elecciones, entre otras razones. 

Es decir, Perelló piensa por sí misma, no es una correa de transmisión de Félix Bolaños como sí lo es Cándido Conde-Pumpido. Que Perelló haya sido elegida contra el criterio de Bolaños y de Pumpido (es decir, contra el de Pedro Sánchez) es una buena noticia para todos aquellos que apreciamos la independencia judicial.

Los medios se están fijando mucho en el hecho de que una mujer presida el Consejo por primera vez en España. Y ciertamente debemos celebrar que las mujeres, que ya son mayoría en la carrera judicial, accedan en pura coherencia numérica a los puestos de mando. 

Pero me atrevería a decir que el género de la presidenta es menos importante que su personalidad y que su conocimiento. La democracia española necesita que el Poder Judicial se mantenga lo más alejado posible del Poder Ejecutivo, y para eso Perelló va a necesitar ante todo fuerza para resistir las presiones.

El sanchismo, de la mano de la extrema izquierda y del separatismo, ha liderado la mayor ofensiva contra los jueces desde la Transición. Ha adoptado la tesis bolivariana del lawfare y ha desacreditado a jueces con nombres y apellidos por la única razón de que a Sánchez se le amontonan los problemas en los tribunales. 

Su mujer, su hermano, su ex secretario de Organización Ábalos, su fiscal general García Ortiz, la amnistía atascada de su socio Puigdemont... Por eso el infame plan de Moncloa pasa por conseguir que las 100 vacantes de jueces que el Consejo debe resolver se cubran con togados afines, salidos de una asociación judicial de izquierdas, en lugar de acudir a los perfiles profesionales de mayor mérito. Porque el mérito profesional suele estar reñido con la sumisión ideológica.

Si las presiones de Sánchez tienen éxito, la separación de poderes quedaría liquidada en España y el camino despejado hacia una especie de autocracia confederal. Oponerse a esa voluntad de injerencia es el primer cometido de cualquier juez digno de ese nombre. Empezando por su presidenta: Isabel Perelló.