Anulan cientos de multas de radares de la DGT y el ayuntamiento de Madrid: esta es la razón

La justicia ha dado un revés a la Dirección General de Tráfico (DGT) y al Ayuntamiento de Madrid al anular cientos de multas impuestas a conductores por el uso indebido de radares móviles y estáticos. Este fallo judicial ha evitado a los afectados tanto el pago de sanciones económicas como la pérdida de puntos en sus carnés de conducir, provocando un alivio generalizado entre los conductores y, al mismo tiempo, cuestionando la eficacia de los sistemas de control del tráfico que emplean las administraciones públicas.

El escándalo surgió después de que siete juzgados en distintas provincias españolas anularan una serie de multas basadas en la utilización incorrecta de los radares. En la mayoría de los casos, el motivo principal de la anulación fue la ausencia de un operador autorizado durante la medición de la velocidad, una de las condiciones clave que estipula la normativa vigente para que una sanción sea válida.

Además, la normativa exige que se tomen al menos dos fotografías del vehículo infractor: una panorámica y otra detallada de la matrícula. Sin embargo, tanto en los radares de la DGT como en los del Ayuntamiento de Madrid, no se cumplieron estos requisitos en varias ocasiones, lo que provocó que los tribunales consideraran ilegales las sanciones impuestas.

La consecuencia inmediata de este fallo judicial ha sido la anulación de cientos de multas, lo que ha supuesto una gran victoria para los conductores afectados. Estos ciudadanos no solo han evitado pagar multas económicas, sino que también han conservado los puntos de sus permisos de conducir, que de haber sido sancionados de forma correcta, habrían perdido.

La responsabilidad

El fallo judicial también tiene implicaciones importantes para las instituciones responsables del control del tráfico. La DGT y el Ayuntamiento de Madrid han sido condenados a pagar las costas judiciales, lo que subraya la gravedad de la falta cometida. Aunque la normativa es clara en cuanto a los procedimientos que deben seguirse para que una multa sea válida, parece que tanto la DGT como el Ayuntamiento de Madrid no han estado aplicándola de forma rigurosa.

Alfonso García 'Motorman', experto en tráfico y seguridad vial, señaló en el mismo programa: "Nos cuesta dinero a la postre cuando estos errores ocurren, porque si los organismos públicos, como los ayuntamientos o la DGT, no cumplen con la ley, ¿cómo quieren que los ciudadanos hagan lo propio?

Este fallo resalta la necesidad urgente de revisar los procedimientos de control de tráfico y sancionadores de las administraciones. Según la ley, para que las sanciones sean legales, se deben cumplir estrictamente los requisitos establecidos, entre los que se incluyen la presencia de un operador certificado y la obtención de imágenes claras y suficientes del vehículo infractor.

Los jueces que han anulado estas multas dejan claro que, sin el cumplimiento de estas condiciones, las sanciones carecen de base legal. En este sentido, tanto la DGT como el Ayuntamiento de Madrid deberán tomar medidas para corregir sus prácticas y garantizar que las futuras sanciones sean completamente ajustadas a la normativa.