La 'desidia' de Pedro Sánchez y el gobierno valenciano que provoca el calvario a una anciana dependiente

Eugenia es una mujer de 83 años. Padece una fibrosis quística y alzheimer. Con una discapacidad del 82%, hace tres años acudió a la Ley de Dependencia en la Generalitat Valenciana. Eugenia ahora apenas anda. Depende de una silla de ruedas, una grúa para poder asearse y, para salir a la calle necesita que su edificio realice una reforma para acondicionar el acceso a la vivienda.

Desde los 14 años y hasta casi los 70 se dedicó a la hostelería. Pudo disfrutar de su jubilación unos años, hasta que le detectaron alzheimer. Eugenia recibió hace dos años la primera visita para poder valorar su grado de dependencia, pero hasta 13 meses más tarde no le dieron el 'Grado II' o, lo que es lo mismo, dependencia severa.

La burocracia valenciana es más lenta que la evolución de los achaques, el empeoramiento físico o neuronal de Eugenia. Ya apenas reconoce a nadie. Su cerebro solo retiene el recuerdo de su niñez, de los paseos con su padre. Su enfermedad se ha cebado con los recuerdos más dulces y cariñosos de su juventud y su madurez.

La resolución definitiva de su caso no ha llegado. Para los familiares de Eugenia es un calvario. Hacerse cargo de ella es tarea complicada, e ingresar en una residencia no está económicamente a su alcance al percibir la pensión mínima, ya que pese a su trabajo como cocinera durante medio siglo, tan solo cotizó los últimos quince.

La familia reclama una persona que esté con ella constantemente o ingresar en un centro especializado, pero en ningún momento los inspectores de Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (IVASS) le informaron de esta opción. Las hijas de Eugenia se sienten engañadas por el Gobierno valenciano, y más concretamente por la Consejería que dirige Mónica Oltra, ya que vienen reclamando una revisión y una resolución, pues el paso del tiempo hace mella en la octogenaria.

Otro caso muy parecido es el de Ana, una mujer que cuida de su madre y su abuela desde hace siete años, dos grandes dependientes con un grado de discapacidad del 75 y el 90 por ciento. En el caso de su abuela, la administración autonómica le adeuda la retroactividad de la Ley de Dependencia, pese a lo dictado por el juzgado. La solicitó en 2008 tras un infarto y no la cobró hasta 2012, con el agravante de tener una hija con una minusvalía del 90%.

En 2012 le recortaron la prestación y, pese a los múltiples anuncios del gobierno de que devolvería los importes aminorados, a su abuela se la han negado, lamenta Ana. A su madre por su parte no le han reconocido el 'Grado III' que certifican todos los informes. Ana lamenta lo duro de un día a día.