La Iglesia anima a políticos católicos a presentar enmiendas que minimicen los efectos de leyes como el aborto

La Conferencia Episcopal Española ha defendido que los políticos que se declaren católicos promuevan enmiendas que minimicen el efecto de aquellas leyes ya aprobadas que atenten contra la dignidad humana tanto al inicio como al final de la vida, como es la reforma de la ley del aborto o la práctica que regula la eutanasia.

Así lo ha expresado el obispo de Tortosa y presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Enrique Benavent, durante el encuentro mantenido con los medios para comentar el documento sobre objeción de conciencia publicado por el episcopado el pasado mes de marzo.

“Ningún político cristiano debe promover positivamente unas leyes que atenten contra la vida. Si son leyes ya aprobadas o que se saben que se van a aprobar, manifestando su oposición a la ley se puede prestar a apoyo a medidas que tienden a minimizar la práctica de estas leyes”, ha manifestado el obispo de Tortosa.

Durante el encuentro, enmarcada en la celebración de la Asamblea Plenaria que los obispos celebran esta semana, Enrique Benavent ha justificado la nota de la comisión sobre la objeción de conciencia el pasado mes de marzo por las leyes que en Europa y en España se están aprobando, y que a su juicio ponen en peligro la dignidad humana, y que sitúan a los cristianos ante un problema moral sobre cómo actuar.

“Pueden ocurrir problemas de conciencia para muchos católicos sobre como tienen que actuar. El derecho a la vida es básico, como el derecho a la integridad física. Son caminos para lograr una sociedad más justa y digna del hombre”, ha sostenido.

Para Benavent, la sociedad se dirige a una transformación del concepto de los derechos humanos, poniendo de ejemplo a Macron y su propuesta el pasado mes de enero de catalogar el aborto como una derecho básico de la ciudadanía, lo que genera un conflicto importante a la conciencia cristiana.

“Siempre ha habido un derecho a la objeción de conciencia ante ciertos comportamientos y no actuar de acuerdo con aquellos principios con los que él en su conciencia no está de acuerdo”, ha subrayado.

En cualquier caso, ha precisado que la nota de la comisión de la Doctrina de la Fe del episcopado no tiene una finalidad política, sino doctrinal, para orientar a los católicos y no católicos que están abiertos a una reflexión de naturaleza ética “que puede traspasar los límites confesionales. Son temas morales, éticos no circunscritos únicamente a la Iglesia, porque es un problema de la sociedad”.

En este sentido, el titular de la diócesis de Tortosa precisa que el Estado está obligado a respetar la libertad religiosa y de objeción de conciencia, mientras que los católicos por su parte tienen el deber de no colaborar de manera intencionada, bien por acción o vía material, en decisiones que atenten contra el comienzo o el final de la vida humana.

“El ámbito de esta obligación católica son aquellas acciones que atenten contra la dignidad del ser humano, contra la vida humana y acciones que pongan en peligro la integridad de las personas. Por ejemplo no se puede colaborar con la tortura”, asegura.

“Por eso hay mártires de la Iglesia, porque son objetores de conciencia, no se plegaron ante ciertas obligaciones que los poderes le querían imponer, por atentar contra su fe cristiana”, ha agregado el prelado.

Enrique Benavent se ha posicionado en contra del registro de objetores de conciencia que no están dispuestos a practicar el aborto o la eutanasia, ya que ello conlleva a “declarar sobre sus creencias”. Asimismo, preguntado por la reforma del código penal por el que se condenan a personas que rezan y ofrecen ayudas a las personas que acceden a las clínicas abortivas, ha remarcado que “el Estado no debe restringir la libertad religiosa si no es necesario”, aunque precisa que puede darse el caso de que sea por “el bien común” y no altere el “orden público”.