Magán pide no responsabilizar a los jueces de las lagunas provocadas por la ley 'Sí es Sí': "Aplican la ley"

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, ha remarcado que corresponde al Parlamento español realizar “posibles modificaciones” a la Ley del 'Sí es Sí' y corregir las rebajas de pena que está firmando la Justicia con esta reforma del Código Penal, y ha pedido que no se responsabilice a los jueces de esta situación.

“Cuando una ley se ve que es imperfecta y puede plantear lagunas se resuelve en el Parlamento, que tiene el poder legislativo. Los jueces no tienen la culpa, los jueces solo aplican la ley”.

A raíz de estas manifestaciones, el también obispo auxiliar de Toledo ha comparado la labor de los jueces con la de un cocinero, apuntando que estos últimos cocinan los alimentos que les proporcionan los proveedores: “Si le das un chuletón y le dices por qué no ha hecho pescado, es porque le has dado carne y no pescado y si le das un pescado no puede hacer una paletilla de cordero asado... Los jueces igual, no pueden hacer otra cosa que aplicar la ley porque sino caerían en un delito”, ha subrayado.

Preguntado si la Asamblea Plenaria celebrada esta semana por los obispos se ha abordado este asunto, ha indicado que no existe “una valoración oficial”, ya que la ley del 'Sí es Sí' no está recogida en el orden del día: “Evidentemente los obispos vivimos en el mundo y estamos en medio de la sociedad. Somos conscientes de las dificultades que puede desarrollar para la sociedad ciertas leyes. En este caso hemos sido informados por los medios de comunicación las dificultades jurídicas y las consecuencias con un poco de alama social que se han producido”, ha expresado el secretario general del episcopado español.

La polémica ley del 'Sí es Sí'

La liberación y reducción de condenas a violadores desde la entrada en vigor de la ley ha puesto en evidencia los graves problemas que está provocando, considerado como uno de los proyectos 'estrella' del Ministerio de Igualdad de Irene Montero y de los que el propio Poder Judicial había advertido antes de su aprobación en el Congreso.

Una bola de nieve que el Gobierno tiene muy difícil parar por su dificultad jurídica. Y es que aunque se cambie la ley, los que hayan sido ya beneficiados por la reducción de penas no van a verse perjudicados por cambios posteriores.