Argüello, en contra de que los sentimientos religiosos dejen de ser "un bien jurídico protegido"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha cuestionado que en plan de regeneración democrática aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, 17 de septiembre, incluya eliminar los delitos contra los sentimientos religiosos, al tiempo que se protege jurídicamente otro tipos de sentimientos que llevan a un cambio de sexo.

En su cuenta de 'X' (antiguo Twitter), el arzobispo de Valladolid considera que no tiene sentido eliminar este tipo de delitos en un contexto donde cada vez más expresiones son consideradas delito de odio.

“Los sentimientos han sido elevados a categoría jurídica, por ejemplo, para poder cambiar de sexo; cada vez más expresiones son consideradas delitos de odio. En este ambiente de elogio legal de las emociones, los sentimientos religiosos dejan de ser un bien jurídico protegido”, se puede leer en el mensaje de Luis Argüello.

 “va a salir completamente gratis mofarse"

El Observatorio para la Libertad Religiosa también ha denunciado que el Gobierno de España haya aprobado esta reforma del Código Penal para eliminar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, y que para el organismo supone que “va a salir completamente gratis mofarse" de quienes practican una religión.

"Con este Gobierno, los creyentes son ciudadanos de segunda con menos derechos. A partir de ahora va a salir completamente gratis mofarse de las personas que practican una religión. La libertad religiosa es el único derecho fundamental en el que se pone en duda la persecución de delitos contra ella", ha explicado la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, María García.

Además, ha recordado, citando datos del Informe 'La protección legal de la libertad religiosa en la Unión Europea', que "un total de 21 de los 27 estados miembro de la Unión Europea (es decir, todos salvo Irlanda, Suecia, Estonia, Francia, República Checa y Croacia) sancionan las ofensas a los sentimientos religiosos de los ciudadanos" y que "Grecia castiga la blasfemia".

Por ello, ha advertido de que con este plan, el Ejecutivo "se desvía de la protección legal de la mayoría de los países de la Unión Europea". "Mientras este Gobierno protege a otros colectivos, deja en el desamparo jurídico a los creyentes", ha añadido.