La brecha digital aumenta la desigualdad en los migrantes: "Dificulta el acceso a sus derechos"

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM España) ha publicado el estudio Fronteras Digitales, un informe elaborado en colaboración con la consultora social Cidalia que profundiza en el impacto de las brechas digitales en el acceso a derechos de las personas migrantes identificando las principales barreras y desigualdades que genera la digitalización en dos ámbitos fundamentales: la accesibilidad y las competencias digitales.

En el ámbito de la accesibilidad, se señalan tres principales barreras: la situación administrativa de las personas migrantes, el idioma y el acceso a herramientas. En cuanto a las competencias digitales, el estudio identifica cuatro elementos clave: la necesidad de alfabetización digital de la población migrante; el acceso a canales de información informales; la falta de confianza en las propias capacidades generadas por el desconocimiento del mundo digital que ha generado una “privatización encubierta” de procesos; y la exposición a una brecha de seguridad que facilita estafas, fraudes y suplantaciones de identidad.

Adicionalmente, el informe profundiza en algunos factores que condicionan la relación de las personas migrantes con la sociedad digital como son la edad, el nivel educativo o formativo, el contexto rural de origen y el período sin uso de las herramientas digitales que se ve influenciado por los nichos de empleo de la población migrante.

Internet y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen grandes posibilidades para el ejercicio de los derechos fundamentales, pero a la vez han generado nuevos desafíos en la defensa y garantía de estos derechos.

Los factores identificados generan un entorno de exclusión digital y un elevado impacto sobre la población migrante, especialmente en cuatro ámbitos de su vida cotidiana: la exclusión de la vida social y económica digital; dificultades en la búsqueda de empleo; el acceso a fuentes de información no oficiales y no contrastadas; y la vulnerabilidad ante la falta de seguridad digital.

La identificación de estos factores ha permitido la realización de una serie de recomendaciones prácticas dirigidas a las Administraciones que se describen asimismo en el informe en cuanto a la presencialidad de las citas administrativas, el idioma, la adquisición de dispositivos electrónicos o la veracidad de la información.