Escuelas Católicas denuncia la incertidumbre provocada por las reformas educativas y pide retrasar la LOMLOE

Representantes de las entidades titulares de los colegios concertados católicos integrados en Escuelas Católicas se han reunido en Asamblea para aprobar la gestión económica, presupuestos y memoria de actividades de la institución, al tiempo que han analizado la situación actual del sector y fijado las líneas estratégicas para los próximos años. En dicho encuentro se ha reclamado que la Administración asuma su compromiso de financiar adecuadamente el coste del puesto escolar.

Además del “déficit crónico” de la partida de Otros gastos, según señala la “Declaración final” ratificada al término de la Asamblea, el impacto económico no recuperado de la pandemia, las dificultades económicas de las familias, la inflación, los costes de la energía, etc. están provocando un escenario donde los centros deben redoblar su eficiencia en la gestión. Por ello, desde Escuelas Católicas se hace un llamamiento a las administraciones educativas para reclamar que asuman su “compromiso ineludible” de financiar de forma adecuada el coste efectivo del puesto escolar.

En este sentido, quiere también hacer notar que la posibilidad de acceso a fondos europeos (Next Generation EU) “no disipa el problema estructural de la financiación del módulo de concierto”, más aún cuando dichos fondos pueden ser usados de forma discriminatoria contra la enseñanza concertada.

En el plano legislativo, los miembros de la Asamblea han expresado la preocupación, incertidumbre e inseguridad jurídica que está generando el desarrollo de la LOMLOE, por lo que se ha pedido expresamente que se retrase su implantación hasta el curso 2023-24. Una preocupación que se extiende también al Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario o la nueva Ley de FP, en la que se incluyen enmiendas que refuerzan la enseñanza pública en menoscabo de la concertada. Otros retos adicionales, no exentos de intranquilidad por las dudas interpretativas y las cuestiones aún pendientes, son la nueva reforma laboral y la aplicación del VII Convenio Colectivo del sector.

Acogida ejemplar y brecha digital

En la Declaración, los responsables de los centros de Escuelas Católicas también han querido reconocer expresamente el papel que están jugando los colegios a la hora de acoger a los refugiados de la guerra de Ucrania, no solo integrando a niños y jóvenes en sus aulas, sino también con gestos específicos de generosidad, ayuda y oración.

A este contexto de guerra en territorio europeo, se suma también la pandemia por la COVID-19 que sigue presente, y en la que titulares, equipos directivos, educadores, familias y alumnos de la escuela católica están demostrando que saben poner en el centro de su tarea educativa a la persona, desde la solidaridad y el Evangelio. Los colegios de ideario católico, según todos los informes, no solo han cumplido con su labor social evitando la brecha digital, sino que han estado por encima en cuanto a atención a las familias y en los conceptos adquiridos por los alumnos.

Cultura del encuentro y del cuidado

En lo que respecta a los retos, Escuelas Católicas se compromete a seguir favoreciendo y haciendo realidad la cultura del encuentro, el cuidado de la casa común y la construcción de espacios de futuro desde la educación. Tres son los proyectos con los que se está trabajando en este sentido: EC+Cerca, Pacto Educativo Global y Shamar-Escuelas del Cuidado. Junto a ellos, el XVI Congreso de Escuelas Católicas, que se celebrará en Granada del 24 al 26 de noviembre de este año, bajo el lema “Inspiradores de encuentros”.

Asimismo, está trabajando en los protocolos de actuación, requisitos y funciones del Coordinador de Bienestar, derivados de la recién aprobada Ley de Infancia, así como en una completa programación de cursos de formación y capacitación, todo ello con el objetivo de que los colegios sigan siendo espacios de encuentro y seguros. En este sentido, EC renueva su compromiso con los más vulnerables frente al abuso y recuerda que no basta con tener buenos códigos de conducta. Es necesario, también, que la cultura del cuidado y la protección del menor estén claramente visibles, que exista formación por parte de la comunidad educativa en este sentido, así como acompañamiento y atención a las víctimas, y que se denuncien todos los casos.