Las negociaciones con un gobierno de marcado tono laicista, principal reto del nuevo presidente de la CEE

El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha sido elegido este martes presidente de la Conferencia Episcopal Española para los próximos cuatro años.

El noveno presidente de la CEE desde su creación en 1966. ha de velar por una buena coordinación en su seno, además de ocupar un puesto de representación pública. Omella, como nueva cabeza visible de la institución, tendrá que acometer las negociaciones con el Gobierno de España, tal vez en un clima poco favorable, si tenemos en cuenta las declaraciones de intenciones del Ejecutivo de coalición PSOE y Unidas Podemos, que proyectan un marcado carácter laicista.

Ley de Eutanasia

El pasado 11 de febrero de 2020, apenas un mes después de que Pedro Sánchez fuera investido presidente, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la propuesta de Ley de la Eutanasia, superando así el primer filtro parlamentario. Una normativa que regula un procedimiento para ayudar a morir a los que sufren una enfermedad incurable. En caso de cumplirse las previsiones del Gobierno, la ley podría ser aprobada en el mes de junio.

Tres meses por delante que representa un desafío de fondo para la Iglesia Católica, esforzada en su tarea por concienciar a la sociedad sobre el significado de la vida, su valor y la manera de acompañar en el sentimiento, el dolor o el miedo hacia la muerte y la enfermedad.

Ya el pasado mes de enero el portavoz de la CEE, Monseñor Luis Argüello, remarcó que la eutanasia constituye “un atajo que deshumaniza el que de manera proactiva se cause la muerte”.

Garantizar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos

En numerosas ocasiones, la Iglesia ha mostrado su intención por que se garantice un entorno jurídico-político que permita el ejercicio de su misión en libertad, tal y como recoge la Constitución de 1978. Un espacio que le lleve a desarrollar sin impedimentos su tarea también en la plaza pública, no solo en los templos, y en el que la Educación juega un papel esencial.

En innumerables ocasiones, el clero ha reivindicado el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos, al tratarse de un bien de la persona. Pero lo cierto es que se avecinan nubes negras para el modelo de educación concertada, si tomamos en consideración las declaraciones realizadas en los últimos meses por parte de la Ministra de Educación, Isabel Celáa, tanto en su etapa en funciones como en la actualidad, en la que mostraba su intención de cercar este modelo en la futura reforma de la ley educativa.

Tanto es así que el pasado mes de noviembre, en el Congreso de Escuelas Católicas, Celáa afirmaba que de la Constitución no emana la libertad de los padres para elegir centro educativo. Con toda probabilidad, en las próximas semanas este asunto volverá a recobrar actualidad, ya que está previsto que el Consejo de Ministros apruebe próximamente la nueva ley educativa que finiquitará la LOMCE del PP.

Una reforma educativa que incluirá una reducción en las horas lectivas de Religión, la eliminación de la obligación de cursar una materia alternativa y que sea una asignatura no evaluable. La CEE por contra abogan por una Ley de Educación consensuada, donde los centros educativos estén obligados a ofertar la asignatura de Religión, pese a no ser obligatoria para los alumnos.

La fiscalidad de la Iglesia

Pese a que de manera interesada se ha repetido hasta la saciedad por parte de determinados colectivos y partidos políticos que la Iglesia goza de privilegios fiscales exclusivos, es un mantra que no se sostiene. El tratamiento que recibe es el que establecen por un lado el Acuerdo de Asuntos Económicos con la Santa Sede y por otro la Ley de Mecenazgo.

En el marco de esta última ley, aprobada en 2002, la Iglesia comparte fiscalidad con otras organizaciones sin ánimo de lucro, ya que también benefician con su actividad al conjunto de la ciudadanía. Entre esos privilegios está la exención del IBI para potenciar y favorecer esa labor solidaria.

Si bien es cierto que la Iglesia se opone a una modificación de Ley de Mecenazgo, son conscientes de que depende directamente de una mayoría parlamentaria. No obstante, afirman respetar si se decide un cambio fiscal aunque, eso sí, siempre que afecta a todas las organizaciones sin ánimo de lucro por igual, y no solo al clero: “No queremos privilegios, pero tampoco discriminación”, han argumentado en ocasiones los representantes eclesiásticos.

Ahondar en la conversión misionera de la Iglesia

En un ámbito más interno, la renovada Conferencia Episcopal Española mantiene como principal desafío conectar con una sociedad cada vez más descristianilizada Cómo anunciar el evangelio y la doctrina de la Iglesia para dar respuesta a un pueblo que ya no vive el cristianismo como hace varias décadas.

Así las cosas, el reto está en hacer más vivas las comunidades cristianas y aumentar la concienciación sobre la conversión misionera de la Iglesia, tal y como promulga el Papa Francisco. Para ello son necesarios anuncios, siendo el primero de ellos el Congreso de Laicos 2020 celebrado el pasado mes de febrero.

Por otro lado, se presenta un período donde la CEE se marca como reto potenciar el diálogo y la interlocución con el mundo laico no cristiano (intelectuales, políticos, economistas...) para reforzar la aportación de la Iglesia en todos los ámbitos.