Las personas sin hogar salen a la calle para reclamar a las administraciones medidas de protección social

Las personas sin hogar salen por las calles y plazas de toda España para alzar su voz ante “la grave situación de desprotección social y falta de oportunidades en las que nos encontramos miles de personas en esta situación”.

En numerosas ciudades de todo el país, dentro de la 'Campaña Nadie Sin Hogar', cuyo día se celebra este domingo, 31 de octubre, miles de personas sin un techo, acompañados de ciudadanos anónimos y representantes de las entidades sociales que promueven la campaña, han dado lectura a un manifiesto en el que reclaman la “puesta en marcha de políticas públicas que nos faciliten recursos y herramientas para que sea una realidad que todas las personas podamos vivir con dignidad en un hogar propio”.

En esta edición, las entidades que impulsan la campaña lanzan una alerta bajo el lema “¿Sin salida? Perdidos en un sistema de protección social que no protege. Digamos basta. Nadie Sin Hogar” para poner el foco en el laberinto al que se enfrentan unas personas perdidas en un sistema de protección social que no funciona.

Ante esa realidad, Cáritas y otras entidades implicadas demandan el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación para reclamar a las administraciones públicas la puesta en marcha de una protección social adecuada, justa y digna para todas las personas, conforme a los derechos fundamentales.

Manifiesto de las personas sin hogar

Tras 29 años de campañas, el colectivo continúa levantando la voz ante la grave situación de desprotección social y falta de oportunidades en las que nos encontramos miles de personas en situación de sin hogar.

Garantizar la protección social, remarcan, es un derecho fundamental para salir de la situación en la que se encuentran. Desde un enfoque de acceso a los Derechos Humanos y, tal y como nuestra Constitución recoge, pedimos a las administraciones públicas:

• La existencia de un parque público de viviendas sociales para personas y familias en situación de sin techo y sin vivienda en el estado español. La vivienda es un instrumento fundamental para que alcancemos la condición de ciudadanos con plenos derechos.

• La existencia de un enfoque de políticas de empleo para personas con un difícil acceso al mercado laboral velando por una formación adecuada. El empleo de calidad es una fuente de inclusión social y de protección frente a la pobreza.

• Garantizar la universalidad, gratuidad y el acceso del derecho a la salud de todos los ciudadanos, especialmente, a los más desfavorecidos. Los problemas de salud pueden ser tanto causa de exclusión social como efecto de la misma.

• Desarrollar unas políticas públicas de prevención del sinhogarismo, que se anticipen a la pérdida del hogar y que garanticen el acceso a los recursos adecuados.

• Una garantía de ingresos que no sólo cubra nuestras necesidades básicas, sino que también nos permita disfrutar de la cultura, del ocio y de las redes sociales.

• Una mayor coordinación entre las instituciones para paliar las consecuencias directas que tienen en nosotros y nuestras familias las distintas situaciones de exclusión social en las que nos encontramos.

40.000 personas acompañadas por Cáritas

La sangrante realidad del sinhogarismo afecta de manera especialmente aguda a las cerca de 40.000 personas acompañadas por Cáritas y a las 2.500.000 personas en extrema vulnerabilidad habitacional que viven hoy en nuestro país a quienes la aparición de la covid-19 ha empujado a una realidad extraordinaria en la que las personas más frágiles y vulnerables viven con mayor crudeza la desprotección social.

Cáritas y las otras entidades sociales que promueven esta jornada constatan cada día como estas realidades de vulnerabilidad y deterioro de miles de personas y familias se agravan debido a que los sistemas de protección social han fallado y ha fragilizado aún más las ya de por sí debilitada situación de los más vulnerables.

Una consecuencia directa de las medidas de confinamiento y de mantenimiento de las medidas de protección sanitaria a causa de la pandemia fue la reducción, o cancelación automática, de las intervenciones sociales y sanitarias presenciales. Todo el sistema de protección social, ya fragilizado de por sí, se vio fuertemente resentido impactado, con lo que muchas personas con situaciones vitales muy complicadas no tuvieron otro remedio que paralizar o posponer procesos de acompañamiento personal, o de acceso a recursos y prestaciones sociales.