Los socios del PSOE en Navarra proponen modificar la Constitución para eliminar la asignatura de Religión

La coalición Geroa Bai, que gobierna en Navarra junto al PSOE, ha registrado dos proposiciones de ley dirigidas al Congreso de los Diputados para "garantizar la laicidad de la escuela pública". Estas medidas quieren reformar la ley orgánica de Libertad Religiosa, la de Educación, en relación con la enseñanza de religión, y la modificación del artículo 27 de la Constitución.

El gobierno de Navarra está a cargo de María Chivite, del Partido Socialista, que gobierna junto a Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra. El grupo parlamentario Geroa Bai, ha registrado estas iniciativas para su debate en pleno, ya que, aunque ambas fueron aprobadas la anterior legislatura, decaen con el nuevo inicio de sesiones.

Para Geroa Bai, "la necesidad de avanzar hacia un sistema educativo laico hace imprescindible emprender una reforma constitucional y las modificaciones legales necesarias para no impartir religión confesional en el currículo escolar". El grupo parlamentario ha añadido en una nota que "la religión en las aulas es un debate de legislación básica y, como tal, debe resolverse donde corresponde, que es en el Congreso de los Diputados".

En concreto, en las iniciativas registradas, se propone la modificación de una serie de disposiciones legales, vigentes actualmente en España, que, según Geroa Bai, "colisionan con la necesidad de avanzar hacia un sistema educativo laico, para dar solución a un debate, desde el lugar en el que corresponde, sin parches, ni medidas provisionales que lejos de suponer una verdadera solución, no resuelven el verdadero problema de fondo".

Entre las medidas que pactaron PSN, Podemos, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai para el gobierno navarro se encuentran: despenalizar la eutanasia o retirar el concierto a los colegios del Opus Dei que apuestan por la educación diferenciada.

Geroa Bai

Geroa Bai es una coalición política española navarra integrada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Atarrabia Taldea y la asociación Zabaltzen. Uxue Barkos es la líder más destacada, que gobernó la pasada legislatura en Navarra gracias al pacto con EH Bildu, entre otros partidos de izquierda. Actualmente en Navarra, esta coalición ocupan los puestos de la Vicepresidencia Segunda, la Consejería de Desarrollo Económico y Empresarial, la Consejería de Desarrollo Rural y Medio ambiente y la Consejería de Relaciones Ciudadanas.

Esta última Consejería la ocupa Ana Ollo Hualde. Política y periodista, provocó muchas críticas su entrada en el gobierno, ya que equiparó -cuando era portavoz del Gobierno de Navarra en la legislatura anterior- a los asesinados por ETA, con las víctimas de la Guerra Civil española y "otras violencias", por lo que tuvo que comparecer ante el Parlamento.

Defensa de la asignatura de religión

La Conferencia Episcopal Española se ha reiterado en multitud de ocasiones la preocupación que supone no solo la asignatura de religión sino toda la educación de los niños españoles. El pasado 30 de agosto el obispo de Barbastro -esta vez en Aragón- ya denunció el "atropello" que se está cometiendo contra la religión ante las medidas que propone el Gobierno para 'marginar' la asignatura reduciendo arbitrariamente las horas de clases.

"En la vida hay cosas que pueden ser 'legales' pero al mismo tiempo injustas", expresó mons. Ángel Javier Pérez Pueyo. "Ésta es, a mi humilde entender, una de ellas. No me voy a resignar. Está en juego el derecho y la dignidad de los padres de los alumnos y la de los docentes de religión".

"En nuestra diócesis son 21 los profesores afectados, en su mayoría mujeres. En todo Aragón alrededor de 300. Su sueldo, al cobrar por horas, queda muy reducido. Humildemente creo que es un atropello innecesario".

Los grandes perjudicados por estas medidas contra la asignatura en España -además de los propios niños- son los profesores de religión que ejercen en todo el país. En Aragón han sido cuatro los sindicatos que han dununciado esta situación. ANPE, Apprece, CSIF y USO han firmado un documento que han presentado en el registro de educación con puntos "básicos e irrenunciables" para defender los derechos de los docentes.