María José Díez, sobre las oficinas de abusos: "No es solo atender a las víctimas, sino acompañarlas"

Las oficinas para la protección de menores y prevención de abusos creadas en las diócesis, las congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales se han reunido este jueves para coordinar el trabajo de esta herramienta creada por la Conferencia Episcopal Española.

Una de las personas que han intervenido durante la sesión ha sido María José Díez, miembro del servicio de coordinación y asesoramiento para las oficinas diocesanas, quien ha recordado que en las últimas dos décadas, la Iglesia española ha respondido “a la necesidad de atender y acompañar a las personas que han sufrido abusos sexuales, pero también de poder y de conciencia”.

Asimismo, Díez ha remarcado la necesidad de crear estas oficinas de atención y acompañamiento a las víctimas, al ser “conscientes de la necesidad de que estos hechos no vuelvan a repetirse”. Una labor la de las oficinas, apunta la responsable, que no solo es de atención a quienes han sufrido estos abusos en el seno de la Iglesia, sino que es “también de acogida y acompañamiento, que diferencia a la Iglesia de otros servicios”.

Sobre la necesidad de protocolos, María José Díez ha puesto el acento en algunas dificultades iniciales que sufrieron, como la carencia de acción operativa que facilitaran una actuación eficaz y diligente ante una sospecha o denuncia: “Solo el derecho canónico y algunos documentos pontificios establecían el procedimiento que, orientado únicamente al sospechoso, dejaba una importante laguna sobre cómo actuar con los denunciantes sobre las investigaciones”.

A ello se añadía “la falta de concreción sobre cómo tiene que ser el trato con menores en actividades formativas y pastorales, dejándolo al sentido de común de manera que podían surgir situaciones de riesgo que era necesario prevenir”, precisa Díez.

La integrante del servicio de coordinación y asesoramiento para las oficinas diocesanas ha subrayado que también en los protocolos de prevención aparecen medidas que han de implementarse en todas las instituciones eclesiásticas donde se realizan actividades formativas, pastorales y asistenciales tanto con niños adolescentes como con personas en grave riesgo de vulnerabilidad.

“También estos protocolos tienen que recoger anexos, infografías, códigos de buenas prácticas y procedimientos de actuación en el momento por ejemplo de recibir una denuncia, así como también modelos de acogida, escuchas y comunicación”, ha agregado.

En cuanto a los niveles de prevención, Díez destaca que en el nivel primario se trabaja con toda la población para “aportar conocimientos y herramientas de protección, potenciar las habilidades sociales, divulgar la cultura del cuidado y buenos tratos a la infancia y personas vulnerables para hacer una labor de prevención eficaz”.

Ha especificado que este trabajo de acompañamiento y acogida se hace de forma multidisciplinar y paralela a un posible tratamiento psicológico o psiquiátrico, acompañamiento de las víctimas a través del asesoramiento jurídico y una reparación y acompañamiento espiritual: “En este nivel no hay que olvidarse a los victimarios, con quien hay que hacer un trabajo orientado a la reducción del riesgo de reincidencia y facilitarle los apoyos para su rehabilitación y reinserción cuando sea posible”, ha apuntado.