El obispo de Canarias dice que la eutanasia es propia de sociedades individualistas: "Ataca a los más débiles"

El obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, Mons. José Mazuelos, ha criticado duramente la ley de eutanasia aprobada recientemente de manera definitiva en el Congreso de los Diputados. Una norma que regulariza esta práctica y que Mons. Mazuelos califica de “inhumana” y ha opinado que quien quiera matarse puede "abrir la llave del gas o tirarse por la Giralda".

Así lo ha indicado en un encuentro con la prensa este miércoles, en el marco de la Asamblea Plenaria que reúne esta semana en Madrid a los obispos españoles y, durante la cual, los obispos han analizado un informe acerca de la eutanasia y el testamento vital, para que los ciudadanos puedan dejar por escrito que no quieren que se les practique la eutanasia.

Como alternativa a esta ley, el obispo de Canarias propone la búsqueda de vías para defenderse: “Es triste que en un Estado tengamos que defendernos del propio Estado y de la clase médica. Por eso están las últimas voluntades y la objeción de conciencia y de Ciencia para los médicos. Hay que favorecer eso, y esperamos que sean demócratas de verdad y puedan alentarlo. Que nos den la libertad de renuncia ante una ley que pone en peligro la vida de tantas vidas débiles, personas dementes o que están solas”.

Por ello, Mons. Mazuelos ha insistido en la necesidad de que en España se potencien los cuidados paliativos, y critica su falta de apuesta por parte de las administraciones: “Es como la ley de dependencia, que se les llena la boca, pero luego no hay dinero para que los ancianos estén atendidos las 24 horas”.

A juicio del presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, la ley de eutanasia obedece a un modelo médico más propio de países ricos como EEUU, basado en el individualismo: “En el fondo es una ley que apoya ese neocapitalismo salvaje. La izquierda la utiliza para imponernos leyes que no ayudan a la atención de los necesitados. El que tiene dinero tendrá buenos cuidados paliativos, como en ley de dependencia. La eutanasia sale en los países ricos porque su sanidad es privada y el gasto más gordo son los dos últimos años de vida, por lo que es más barato un pinchacito”, sostiene Mons. Mazuelos.

Así las cosas, el obispo de Canarias considera que se trata de una norma que aparenta ser democrática, pero que se vuelve contra los débiles: “Tenemos la experiencia de Holanda. Solo cuatro países lo tienen legalizado, y el resto no porque saben que poner la vida de una persona débil en manos de otro, es complicado”.

Por ello, el obispo ha defendido el testamento vital, en la que una persona recoge que no quiere que se le aplique la eutanasia en caso de no estar en plenitud de condiciones mentales para decidir: “Estamos en contra de alargar la agonía y de la eutanasia, pero en favor de los paliativos”, remarca.

Aborto y ley de infancia

Por otro lado, Mons. Mazuelos ha criticado la propuesta de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de reformar la ley del aborto para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso paterno, y se ha preguntado si va a ser la propia ministra la que acuda a cuidar a la menor si tiene alguna complicación como "una perforación de útero".

"Es una barbaridad que una menor pueda abortar sin consultar. Y si después hay alguna complicación, ¿qué va a ir, la ministra al hospital a cuidarla?", ha indicado. "¿Vale el consentimiento informado porque lo diga la Irene Montero?", ha agregado.

Por otro lado, preguntado por la ley de infancia y los abusos, el obispo ha defendido que "la Iglesia lleva luchando años contra el abuso de menores", que es "una lacra" y que "aquel que se demuestre que ha cometido abusos, que entre en la cárcel", aunque también ha pedido respetar la presunción de inocencia.

En este sentido, el obispo de Canarias se ha manifestado "en contra de que la ministra de Derechos Sociales (Ione Belarra) se meta con la Iglesia" --la acusó de ser "cómplice de la violencia sexual hacia los niños"-- y, sin embargo, no protege, a su juicio, a "los niños que se pueden cambiar de sexo sin consultar con sus padres".