"Desnudez forzada" y sometidos a torturas: el sufrimiento de los sacerdotes presos en Nicaragua

Los sacerdotes nicaragüenses encarcelados bajo el régimen de Daniel Ortega sufrieron “desnudez forzada” y torturas que constituyen delitos de lesa humanidad, según regoce el informe de la ONU elaborado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.

Unos hechos que, según el documento, fueron cometidos en centros de detención de la Policía Nacional o en prisiones como 'La Modelo': "Estos actos incluyen largos interrogatorios, amenazas, desnudez forzada, prohibición de comunicarse con otras personas detenidas, comida inadecuada y en algunos casos en porciones más reducidas que las correspondientes a presos comunes, luz artificial continua, y condiciones de aislamiento e incomunicación constantes", ha detallado el Grupo de Expertos de la ONU, en el capítulo 'Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes'.

Celdas oscuras e insalubres: los once meses en prisión del obispo Rolando Álvarez

Entre los religiosos a los que el Gobierno sandinista mantuvo privados de libertad se encuentran los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, así como quince sacerdotes y dos seminaristas.

Sobre el obispo de la diócesis de Matagalpa, el informe recuerda que "permaneció detenido por más de once meses con largos períodos en régimen de aislamiento en la sección de máxima seguridad de la cárcel La Modelo".

Según el estudio, Rolando Álvarez estuvo recluido en una zona conocida como 'El Infiernillo', que es una sección que está compuesta de celdas oscuras, insalubres, sin ventilación, sin suficiente luz natural y expuestas a la humedad, el frío y el calor extremo, y que no tuvo visitas familiares durante los primeros 43 días de su detención.

Sacerdotes privados de libertad, sin acceso a la Biblia y sin poder rezar

Sobre la prisión 'El Nuevo Chipote', donde al menos nueve sacerdotes estuvieron detenidos junto con opositores, el estudio de la ONU concluye que las víctimas fueron sujetas a un “entorno de tortura”, ya que estas sufrieron prácticas ilegales de aislamiento prolongado o indefinido, régimen de incomunicación, irritación sensorial, amenazas e insultos, entre otros.

Tampoco tuvieron acceso a biblias y no se les permitía orar en voz alta, por lo que el Grupo concluyó "que, en algunos casos, dichos tratos alcanzaron el umbral de la tortura, debido a su combinación, carácter prolongado, la presencia de otros factores estresantes o vulnerabilidades y los graves daños psicológicos y físicos que provocaron sobre las víctimas".

Asimismo, observaron que los actos u omisiones cometidos por agentes policiales y carcelarios fueron "actos deliberados" y se llevaron a cabo con la intención de imponer a los miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, y opositoras, "dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales".

Señalaron, además, que actuaron así con el propósito de "obtener información, castigar, intimidar o coaccionar a las víctimas, o de discriminarlas por ser percibidas como opositoras al Gobierno".

Por tanto, el Grupo de Expertos consideró que los actos de tortura y tratos crueles infligidos en contra de los miembros de la Iglesia católica, que han sido sistemáticos desde abril de 2018 en Nicaragua, cuando estalló la crisis, "también forman parte de este ataque".