Las Iglesias católica y anglicana manifiestan su rechazo al plan migratorio de Boris Johnson

Críticas generalizadas en las Iglesias e instituciones humanitarias británicas al acuerdo migratorio anunciado este Jueves Santo por el gobierno de Boris Johnson, que contempla una partida de 120 millones de libras (144 millones de euros) para que Ruanda se haga cargo de los inmigrantes que crucen el Canal de la Mancha y soliciten asilo.

«Oramos por aquellos cuyo objetivo cada día es sobrevivir. Oramos para que quienes buscan soluciones lo hagan con compasión y con respeto por la dignidad que es innata a todo ser humano. El anuncio político de esta semana simplemente carece de estas cualidades», dijo en su homilía dominical en la catedral el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales.

La Iglesia de Inglaterra comparte esa misma indignación. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, también aludió en su misa pascual a los planes del gobierno. Lo hizo para denunciar que el envío de los solicitantes de asilo al extranjero supone «subcontratar nuestras responsabilidades» y que ello «no puede soportar el peso de la justicia de la Resurrección».

Otro obispo anglicano, Guli Francis-Dehgani, titular de la diócesis de Chelmsford, ha escrito una carta a la ministra del Interior para expresarle su gran preocupación por el acuerdo ruandés y sus implicaciones. «Esta política — le dice a Priti Patel — trata a los más vulnerables de nuestro entorno de una manera cruel e inhumana»; quienes llegan «merecen que sus casos sean considerados y procesados aquí».

Con respecto a las críticas del poder político por la defensa que las Iglesias están haciendo de los migrantes, Francis-Dehgani, manifiesta que no es cometido de los obispos «proporcionar soluciones políticas elaboradas», pero sí «señalar dónde hay serias implicaciones éticas y morales» en las propuestas del Gobierno. El obispo, nacido en Irán, dice hablar desde su «propia experiencia como solicitante de asilo».

Downing Street: Un plan «humano y compasivo»

Johnson ha presentado el acuerdo migratorio con Ruanda —cuyos detalles concretos se desconocen— como una iniciativa que «salvará incontables vidas» y dificultará la acción de los traficantes de personas. En su opinión, se trata de un plan «humano y compasivo» que trata de evitar que el mar se convierta en un «cementerio».

Sus palabras, sin embargo, no tienen encaje en la realidad. A diferencia de lo que ocurre en el Mediterráneo —donde desde 2014 han muerto ahogadas unas 20.000 personas—, los migrantes fallecidos en el Canal de la Mancha son relativamente pocos en proporción a los que consiguen su objetivo de alcanzar suelo británico. El año pasado, según datos oficiales, lograron llegar al Reino Unido en pequeños botes 28.526 personas, casi cuatro veces más que el año anterior (8.404). Otros 7.800 inmigrantes fueron rescatados tras fracasar en el intento.

Las organizaciones que trabajan con los refugiados han expresado su preocupación por la suerte que estos puedan correr a partir de ahora en Ruanda, dado el historial en materia de derechos humanos de su presidente. Paul Kagame, un militar que llegó al poder tras el genocidio de 1994 y que «ganó» las últimas elecciones con el sospechoso respaldo del 99% del electorado, ha eliminado toda oposición interna a su gobierno. De hecho, el propio gobierno británico denunció el año pasado en la ONU las «continuadas restricciones a los derechos civiles y políticos y a la libertad de prensa» bajo su régimen.

Acnur: Un plan «atroz» e «inaceptable»

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también ha arremetido contra el anunciado plan migratorio, que debería entrar en funcionamiento en un par de semanas. Lo considera una «violación atroz» del derecho internacional que resulta «inaceptable».

«ACNUR se opone firmemente a todo acuerdo que busque trasladar a las personas refugiadas o solicitantes de asilo a terceros países sin que existan normas y salvaguardas suficientes», ha dicho la secretaria general adjunta del organismo, Gillian Triggs. «Acuerdos de tal naturaleza trasladan responsabilidades en materia de asilo, evaden obligaciones internacionales, y contravienen el contenido y la esencia de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. (…) Las personas que huyen de guerras, conflictos y persecuciones merecen compasión y empatía. No deben ser tratadas ni transportadas al extranjero, como si fueran mercancía, para el trámite de sus solicitudes de asilo», añade la funcionaria australiana, expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos en su país.

Israel y Dinamarca también

Reino Unido no es el primer país que encuentra en la Ruanda de Kagame una solución a la presión migratoria. Entre 2013 y 2017, Kigali ya acogió a unos 4.000 migrantes procedentes de Israel, la mayoría eritreos y sudaneses que habían llegado allí huyendo de la guerra y la persecución en sus respectivos países y que Tel Aviv trató como inmigrantes económicos.

Asimismo, el Parlamento danés autorizó en junio de 2021 el traslado a un tercer país (de nuevo Ruanda) de los solicitantes de asilo que lleguen a su territorio. La medida fue muy criticada, tanto por el ACNUR como por la UE. Bruselas la considera incompatible con la normativa vigente en la Europa de Los 27.

Los organismos humanitarios creen que con la «subcontrata» de las solicitudes de asilo los países afectados buscan desanimar a los potenciales refugiados para encaminarlos a otros destinos. La tramitación de las solicitudes puede tardar años, y no es lo mismo esperar la resolución en Londres o Copenhague que en Kigali...y eso suponiendo que las autoridades ruandesas no los devuelvan a sus países de origen.