Los ataques del Gobierno de Nicaragua a la Iglesia no cesan: prohíben la entrada a un sacerdote

Los ataques del Gobierno de Nicaragua a la Iglesia se podrían decir que son casi diarias. Si en los últimos días hemos contado en ECCLESIA que el régimen de Daniel Ortega impidió el regreso de dos sacerdotes que participaban en la JMJ de Lisboa o que la Justicia nicaragüense ha suspendido la actividad y ha confiscado los bienes de la Universidad Jesuita, este viernes se ha conocido que las autoridades del país han prohibido la entrada al país al sacerdote Eladio Sánchez, quien estudia en Italia y regresaba para despedir a su hermano fallecido.

Según ha informado la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina, al religioso, que pertenece a la diócesis de León y Chinandega (al noroeste del país), se le prohibió el ingreso a Nicaragua para asistir a los funerales de su hermano, Orlando Sánchez: "Él ha querido darle el último adiós y acompañar a toda su familia en este momento de angustia y dolor, pero la dictadura Ortega-Murillo le ha prohibido el ingreso al país", afirmó la abogada en un mensaje enviado a los medios.

De esta manera, Eladio Sánchez es el tercer sacerdote a quien las autoridades de Nicaragua le prohíben la entrada al país en la última semana, ya que como hemos comentado, tampoco pudieron acceder al país Tomás Sergio Zamora Calderón, párroco de la iglesia Nuestro Señor de los Milagros y William Mora, párroco de la iglesia Cristo Rey, que habían participado en la Jornada Mundial de la Juventud en la capital portuguesa.

Más de ochenta religiosos han abandonado Nicaragua

Hasta el 7 de junio pasado, el Gobierno de Nicaragua había obligado a 77 religiosos a abandonar el país desde que estalló la crisis sociopolítica en esta nación centroamericana en abril de 2018, incluido al obispo auxiliar de la archidiócesis de Managua, Silvio Báez, y monjas extranjeras, según la investigadora. De ellos, al menos cuarenta religiosos han sido expulsados en los últimos cinco años, entre ellos el sacerdote panameño Donaciano Alarcón, a inicios de abril pasado.

Otros 17 religiosos se han marchado al exilio alegando razones de seguridad. A doce las autoridades nicaragüenses les han prohibido la entrada al país, sin incluir los últimos cuatro desterrados, declarados apátridas y "prófugos de la Justicia" acusados de delitos considerados "traición a la patria".

Para Molina, la expulsión, destierro o exilio de religiosos es parte de la persecución contra la Iglesia católica nicaragüense. Las relaciones del Gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.