Los proyectos europeos que atentan contra los derechos humanos y el medio ambiente en Guatemala y Brasil

Las malas prácticas y negligencias de las grandes empresas europeas están causando verdaderos estropicios medioambientales en Brasil y Guatemala, tal y como han denunciado un grupo de defensoras de derechos humanos y medioambientales de ambos países en un encuentro con periodistas organizado por la Plataforma por las Empresas Responsables.

Los proyectos europeos que atentan contra la legalidad en Guatemala

La guatemalteca Feliciana Herrera, autoridad indígena y coordinadora de la Alcaldía del Pueblo Maya Ixil de Nebaj, ha alertado sobre la insistencia de macro proyectos que se han firmado sin ningún tipo de transparencia ni consulta pública que atentan contra los derechos humanos y el medio ambiente: "Exigimos el respeto de nuestros derechos como pueblos indígenas. Los territorios tienen dueños y los dueños somos los pueblos indígenas que hemos mantenido la vida, hemos resistido durante años ante los mecanismos de hostigamiento de las empresas, de represión, criminalización por exigir mejores condiciones de vida, en el territorio ixil de nuestros recursos naturales se está generando 254 mw de energía y el 75% de las comunidades sin energía eléctrica", ha denunciado.

Por su parte, Francisca Pérez ha explicado en el encuentro que está inmersa en un proceso judicial relacionado con la defensa de los derechos de 270 trabajadores a quienes un empresario les robó las cuotas que ellos pagaron y no las entregó al fondo de Seguridad Social, por lo que no han podido cobrar sus prestaciones laborales. En represalia, el empresario la demandó acusándola de usurpación de tierras, delito habitualmente utilizado para la criminalización de personas defensoras en Guatemala, por lo que fue encarcelada.

"Pedimos que acabe la criminalización de los defensores y defensoras de Derechos Humanos y del medioambiente. Además de dejarnos sin recursos nos criminalizan: a un compañero que exigía sus derechos le asesinaron hace unos años y otro ha estado cuatro años en la cárcel por defender el agua de los ríos”, ha lamentado.

La presa que se derrumbó en Brasil y que acabó con la vida de 272 personas

Ya en Brasil, la activista Carolina de Moura ha denunciado los hechos ocurridos en Brumadinho, donde en 2019 se derrumbó una presa de residuos del gigante minero VALE y fallecieron 272 personas. En los últimos años, ha luchado contra la impunidad de las multinacionales responsables del abuso y por la reparación integral de los daños, por lo que ha sufrido persecuciones y campañas de desprestigio y difamación: "Después de 10 años desde la tragedia de Brumadinho y Mariana (Brasil) e intentando dialogar con la empresa VALE y los gobiernos, aprendimos que no es posible confiar en la "buena fe" de las empresas y es esencial que las autoridades de todo el mundo elaboren leyes y mecanismos para poner límites a estas corporaciones que están matando a personas y destruyendo la posibilidad de vida en el planeta", ha detallado.

"Necesitamos una ley que remedie los impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente"

Finalmente, la coordinadora de Desarrollo Local Sostenible de Alianza por la la Solidaridad-ActionAid y miembro de la Plataforma por las Empresas Responsables, Almudena Moreno, ha advertido que"los derechos humanos y el medio ambiente no pueden esperar más, no admitimos más excusas ni que se demore más la aprobación de la ley española. Necesitamos con urgencia una ley que prevenga, mitigue y remedie los impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en toda la cadena de valor. El momento es ahora".