Primer año del laico Maximino Caballero al frente de las finanzas de la Santa Sede

Cuando se llevan las finanzas de un estado en el que los criterios económicos juegan un papel relativo, pero hay que pagar las nóminas de unos 3.000 empleados y sacar adelante dicasterios que cada día requieren más recursos para poder llevar a cabo su misión, además de una alta especialización en finanzas se necesita una sensibilidad especial para entender la casuística única e irrepetible del estado más pequeño del mundo.

Desde que hace ahora un año, el 1 de diciembre de 2022, el Papa Francisco puso en sus manos la Secretaría de la Economía, Maximino Caballero tiene bajo su responsabilidad la regulación y el control económico, financiero, administrativo, informático, y de los recursos humanos de la Santa Sede, tal como se detalla en la Carta Apostólica en forma de Motu proprio “Fidelis Dispensator et Prudens” del 24 febrero 2014. Dada la importancia del cargo que ocupa, se reúne semanalmente con el Pontífice para despachar todo lo relativo a las cuestiones económicas de la Santa Sede.

Parco a la hora de conceder entrevistas, el “Ministro de Economía” del Vaticano está abierto a aclarar cualquier tema relativo a sus competencias y proyectos encomendados. Durante este tiempo se ha ganado el respeto de sus colaboradores y paso a paso ha iniciado una reforma silenciosa con el único propósito de servir mejor a la Iglesia.

El Prefecto llegó a Roma hace más de tres años para ocupar el puesto de secretario general en la Secretaria para la Economía, una institución joven dentro de la curia en la que trabajan poco más de 50 empleados y colaboradores. El Papa Francisco los recibió en audiencia el pasado 13 de noviembre y así los presentaba en su discurso el propio Maximino Caballero: "Nuestra institución es joven, nacida con el inicio de su reforma económica; una institución que se ha ido adaptando a las distintas estructuras requeridas por la progresiva definición de la responsabilidad que quiso confiarnos en el contexto de la reforma de la Curia Romana en su conjunto, hasta convertirse en su Secretaría personal para los asuntos económicos”.

Como responsable de la Secretaría de la Economía debe supervisar la gestión económica y vigilar las estructuras y actividades administrativas y financieras de los Dicasterios de la Curia Romana que ayudan al Papa en el ejercicio de su misión y que cada día necesitan de mayores recursos. Junto a su equipo trabaja para asegurar que el engranaje económico de la Santa Sede no chirríe y que se cumplan los objetivos marcados de transparencia.

El guion de la reforma económica se comenzó a esbozar en 2014 al crearse la Secretaría de Asuntos Económicos como Dicasterio de la Curia Romana con el Cardenal George Pell a la cabeza (Constitución apostólica “Pastor Bonus”), pero no fue hasta la llegada del SJ Juan Antonio Guerrero como Prefecto y de Maximino Caballero como Secretario General cuando se diseñaron planes específicos para que la Reforma pudiera llevarse a cabo y se dieran los pasos decisivos para su ejecución.

Maximino Caballero cierra su primer año haciendo suyo el lema del “paso a paso, pero siempre adelante”, muy consciente de que los cambios en una estructura con 2.000 años de historia requieren de tiempo. Sin hacer mucho ruido está poniendo en marcha una revolución pacífica en las finanzas vaticanas, con reformas de calado necesarias en un estado en el que disminuyen las donaciones y se incrementan los gastos.

La Santa Sede tiene una estructura administrativa especial, muy compleja, compuesta de más de 100 entes de distinta naturaleza y funciones, que en ocasiones se confunde con el Estado de la Ciudad del Vaticano. En la práctica se trata de dos realidades independientes, jurídicamente distintas y con legislaciones diversas: ley civil vaticana para el Estado de la Ciudad del Vaticano y Derecho Canónico especial para la Santa Sede. También son independientes desde el punto de vista económico y patrimonial.

Como máximo responsable de la Economía vaticana, es consciente de que el dinero de la hucha corre el riesgo de agotarse si no se ponen en marcha medidas eficientes. Durante este año se han conseguido dar pasos hacia un cambio de mentalidad, todavía no del todo asumida, en lo referente a que el dinero de cada Dicasterio es de la Santa Sede, y, por lo tanto, ninguna entidad vaticana puede considerar los recursos como propios. La publicación del Motu proprio de 20 de febrero de 2023 "El Derecho Nativo” dio luz a este punto, porque aclaraba la naturaleza de los bienes adquiridos por las instituciones curiales y las entidades vinculadas a la Santa Sede: “Los entes de la Santa Sede los adquieren y utilizan, no para sí mismos, como el propietario privado, sino, en nombre y bajo la autoridad del Romano Pontífice, para la consecución de sus fines institucionales, que son igualmente públicos, y por tanto para el bien común y al servicio de la Iglesia universal".

Durante la reciente audiencia que la Secretaría de la Economía (SpE) mantuvo con el Santo Padre, el Prefecto daba la clave sobre una de las misiones esenciales de la institución: “la Secretaría de asuntos económicos intenta sostener el progreso de la reforma en la búsqueda constante de un equilibrio entre las exigencias de regulación y control, indispensables desde el punto de vista de la transparencia y protección de los limitados recursos disponibles, y las de eficacia y agilidad de la gestión, igualmente indispensables para asegurar la realización de la misión del Obispo de Roma y de los dicasterios que lo ayudan”

En la actualidad la SpE mantiene una comunicación abierta con los Dicasterios en lo que se refiere a la situación económica en la que se encuentra la Santa Sede. Conjuntamente, se exponen y analizan los problemas, se detectan los errores y se facilita el flujo de todos los procesos que están marchando bien para que sigan ejecutándose correctamente. Esta comunicación con cada uno de los dicasterios está facilitado una eficiente colaboración para que se implanten las reformas y se realicen los ajustes necesarios. Poco a poco se está consiguiendo remar en la misma dirección en beneficio de la propia Iglesia.

La centralización de las inversiones, una asignatura pendiente en las finanzas vaticanas

Tradicionalmente, las inversiones financieras de la Santa Sede se han caracterizado por un fraccionamiento en la toma de decisiones. Cada ente funcionaba de forma independiente y la carencia de unos criterios comunes, unida a la existencia de multitud de intermediarios y asesores financieros, convertía las inversiones en “presa fácil” para cualquier malintencionado. Desde el año 2021 se han ido diseñando las bases de un cambio radical en esta área, con la publicación de la Política de Inversiones de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano y la creación del Comité de Inversiones. Pero ha sido precisamente durante 2023 con la publicación del Motu proprio del 20 de febrero “El derecho nativo” cuando el Santo Padre ha impulsado este esfuerzo, dando un paso crucial para hacerlo realidad: “Los bienes – inmuebles y muebles – de la Santa Sede tienen un "destino universal" y las instituciones y entidades que los han adquirido o que los hayan intestado son sus "depositarios", no "propietarios privados, habiendo actuado y debiendo actuar siempre en nombre y bajo la autoridad del Papa".

A lo largo del último año se han dado pasos evidentes en el proceso de centralización siguiendo el sendero de la transparencia económica. En este empeño, la SpE no actúa sola, cuenta con el Consejo de Asuntos Económicos, el Auditor General, el Comité de Inversiones y la Oficina del Patrimonio de la Santa Sede (APSA). Cada uno de ellos trabaja con un rol bien definido para garantizar la transparencia. Sus funciones están fijadas en la Constitución Apostólica sobre la curia romana “Praedicate Evangelium” del 19 marzo de 2022. Tanto el Consejo de Asuntos Económicos como el Comité de Inversiones tienen como objetivo administrar con prudencia los bienes que aseguren la misión de la Iglesia, siempre de acuerdo con su doctrina social y, al mismo tiempo, buscando su rentabilidad, y evaluando su conveniencia y riesgo.

El Consejo de Economía, compuesto por 15 miembros, cuenta con 8 cardenales y obispos que representan la universalidad de la iglesia y 7 laicos de reconocida experiencia y compromiso eclesial que se encargan de examinar cada una de las propuestas que llegan desde las distintas instituciones de la Santa Sede.

El más reciente de los organismos que forman parte de la SpE es el Comité para las Inversiones, compuesto por expertos financieros de alto nivel que tiene como misión decidir las estrategias de inversión de los fondos de la Santa Sede, asegurando que se cumpla la Política de Inversiones establecida mientras se intenta obtener el rendimiento más adecuado. Durante los últimos meses se ha elaborado una estructura y metodología que permite garantizar que las inversiones son acordes con la doctrina de la Iglesia y al mismo tiempo se pueda eliminar cualquier conflicto de intereses, profesionalizando las inversiones, evitando el fraccionamiento y eliminando el riesgo de cometer errores o de sufrir engaños. A su vez, la centralización de las inversiones permite obtener economías de escala, y de esta forma, mejores rendimientos en las inversiones.

Dentro de este proceso de centralización también se trabaja en la aplicación efectiva de normas relacionadas con el proceso de adquisición tanto de bienes como de servicios dentro de la Santa Sede. Estos criterios ayudarán a prevenir un potencial clientelismo dentro del proceso de compra. Poner en marcha esta normativa permite que exista una competencia publica y transparente, y que a su vez se puedan obtener economías de escala. Todo esto en un marco cuyo interés prioritario es proteger a la Iglesia y a sus empleados de posibles fraudes y asegurar la máxima transparencia.

Hay algo que el Prefecto para la Economía parece tener claro: la confianza se gana con rigor y el trabajo en equipo es clave para conseguirlo. Quienes llevan toda una vida manejando finanzas saben que también se aprende de los errores, presentes y pasados, para no repetirlos.

En estos momentos se están perfilando los últimos toques de los presupuestos para 2024, que se harán públicos a principios de año. En diciembre el Consejo de Economía será el encargado de su aprobación.

Transparencia y profesionalidad en el proceso de contratación de personal en la Santa Sede

Uno de los principales retos de Maximino Caballero desde que asumió el cargo fue desarrollar el área de Recursos Humanos. Creada por su predecesor, el P. Juan Antonio Guerrero, en estos momentos la dirección está en manos de Luis Herrera Tejedor, otro español con amplia experiencia laboral en este departamento. Esta sección surge para responder a la necesidad de proporcionar una mayor transparencia y eficiencia en la selección de candidatos que cuenten con las competencias requeridas para cubrir los puestos vacantes y encajen con los valores de la Iglesia.

Teniendo a su cargo a 3.000 empleados, en más de una ocasión sus colaboradores le han escuchado que para que un proyecto tenga éxito, los trabajadores son esenciales. Una de las novedades presentadas este año ha sido la creación del portal “Trabaja con Nosotros”, al que se puede acceder desde la página web de la Secretaria para Economía. Ha servido para profesionalizar y agilizar parte del proceso de selección de quienes desean entrar a trabajar en la Santa Sede de forma que todos los candidatos tengan las mismas oportunidades. Para hacernos una idea del interés despertado por este nuevo portal, durante la primera semana se recibieron cerca de 10.000 currículos.

Además de profesionalizar la selección y contratación de personal, la SpE tiene como objetivo promocionar la movilidad interna del personal y garantizar la formación y el desarrollo profesional de todos los empleados de la Santa Sede. Una movilidad que facilitará la mejora e impulso de la carrera profesional de los trabajadores y les ofrecerá oportunidades de crecimiento y experiencia para que se conviertan en las personas idóneas, capaces y comprometidas con la misión de la Iglesia.

Otra de las prioridades de este departamento pasa por la formación de sus trabajadores. La Santa Sede, como cualquier otro estado necesita reciclar y actualizar los conocimientos y habilidades de sus empleados, promover el uso de nuevas tecnologías y adaptarse a la transformación digital. Todo ello dentro del marco de una institución que no debemos olvidar, cuenta con más de 2000 años de trayectoria.

El gran reto: diseñar un sistema de pensiones que proteja a los pensionistas y trabajadores actuales, y garantice las pensiones para las futuras generaciones.

Sostener el sistema de pensiones es una de las mayores pesadillas de los gobiernos de los países desarrollados, un problema generalizado en todo el mundo. Y esto es así porque la mayoría de los sistemas de pensiones no son sostenibles, es decir, las pensiones futuras no están garantizadas a largo plazo.

En este contexto, la Santa Sede difiere de una forma radical con el resto de países del mundo: las pensiones no entran dentro de una estrategia política o electoral, y aunque no es ajena a este problema, como estado tiene una responsabilidad social y moral con sus trabajadores y pensionistas, presentes y futuros. Como ya señaló en su momento tanto el Cardenal Pell, como el P. Juan Antonio Guerrero, la sostenibilidad del sistema de pensiones es una parte indispensable en la sostenibilidad económico-financiera de la Santa Sede. Actuar sobre esta área concreta se ha convertido en una prioridad activa para el Prefecto, ya que el mero diagnóstico pesimista de la situación de poco serviría si no se realizan actuaciones concretas que permitan reconducir el estado actual del sistema.

A lo largo del último año, Maximino Caballero ha logrado vencer las resistencias internas y afrontar su reforma de forma serena y profesional para trazar un sistema que permita garantizar a los trabajadores sus necesidades actuales y futuras. En su discurso del pasado 13 de noviembre se despedía del Papa Francisco, asegurando que “nos encontramos en una "encrucijada", en el sentido de que, teniendo en cuenta el trabajo realizado, parece que aún se puede y se debe mejorar mucho en todos los sectores, tanto para hacer más eficientes los nuevos procedimientos como para garantizar la sostenibilidad futura y la protección del patrimonio de la Santa Sede”.

En pocas semanas conoceremos el desenlace del juicio por supuestas irregularidades financieras en la compraventa de un edificio en Londres en el que están imputadas diez personas, entre ellas el cardenal Angelo Becciu. Noticias que no deberían ensombrecer el esfuerzo de todos los que trabajan para asegurar la sostenibilidad económica-financiera de la Santa Sede, poniendo de su parte todos los medios necesarios para afianzar la transparencia a todos los niveles, y se eviten de esta forma futuros escándalos.