El Tribunal vaticano aplaza al 17 de noviembre el juicio contra el cardenal Becciu para completar el sumario

El Tribunal vaticano que juzga al cardenal italiano Angelo Becciu y otras nueve personas por irregularidades financieras en las cuentas de la Santa Sede ha decidido este miércoles aplazar el proceso hasta el 17 de noviembre para que se complete el sumario, como había pedido la defensa de los acusados, pero desestimó su petición de anular el juicio.

La corte, presidida por Giuseppe Pignatone, ordenó la devolución parcial a la Fiscalía de los documentos relativos sólo a algunos acusados para que se vuelvan a analizar y se depositen antes del 3 de noviembre los que faltan, incluidas las grabaciones de vídeo del testigo clave: la de monseñor Alberto Perlasca, que en un principio fue investigado, pero no resultó imputado al prestar declaraciones vitales para la investigación.

El juicio se reanudará el 17 de noviembre, indicó Pignatone, que desestimó la petición de anular el proceso por parte de la defensa, alegando que el sumario estaba incompleto y que se les ocultaron pruebas. El abogado de Becciu, Fabio Viglione, acogió favorablemente la decisión de rehacer el sumario relativo al excardenal con un interrogatorio relativo a dos de los cuatro delitos que se le imputan y por los que no había sido escuchado, uno de ellos por un presunto soborno a Perlasca.

"El fiscal ha dado un paso atrás admitiendo que no había realizado los interrogatorios, lo que es necesario ya que son vitales para evitar un proceso", dijo el letrado a la salida de la audiencia. También Giandomenico Caiazza, defensor del contable Raffaele Mincione, aseguró que al acoger todas las peticiones de si defensa se prueba "la ilegitimidad del envío a juicio" de su defendido y recordó que cuando fue llamado a declarar por el fiscal "ya estaba preparada la petición de arresto".

Durante la audiencia de este martes, los defensores denunciaron que la Fiscalía no les proporcionó todas las pruebas, como el testimonio de Perlasca, mientras la acusación respondió diciendo que se había tenido que "tutelar la privacidad" y también alegó la dificultad de conseguir copias del todo el material informático.

Para satisfacer a los abogados y admitiendo algunas "deficiencias", el fiscal adjunto, Alessandro Diddi, pidió el reinicio de la fase instructoria para interrogar además a algunos de los acusados que no fueron escuchados.

Según explicó en esa audiencia Luigi Paella, el abogado de Enrico Crasso, durante muchos años financiero de referencia de la Secretaría de Estado, Perlasca fue interrogado hasta en cinco ocasiones como persona informada del caso, por lo que no podía faltar en el sumario el audio y el vídeo completo de sus testimonio, ya que se les había dado sólo una transcripción parcial.

El caso intenta esclarecer las responsabilidades de la compraventa que acabó en estafa de una propiedad en el centro de Londres y que costó a las arcas de la Secretaria de Estado de la Santa Sede una cantidad estimada de 175 millones de euros. Como se ha podido ver en el inicio del juicio, y como han denunciado por los abogados, el proceso judicial ha tenido importantes lagunas en su fase de instrucción.

La compra del edificio se inició, a través de una red de financieros y consultores, en el momento en que Becciu era, en 2014, Sustituto de la Secretaria de Estado para los Asuntos Generales, prácticamente el hombre de confianza del Papa en la gestión administrativa del Vaticano.

Además de Becciu, a quien el Papa Francisco retiró sus derechos cardenalicios, también están imputados Mincione, el bróker Gianluigi Torzi, la exasesora del cardenal Cecilia Marogna, monseñor Mauro Carlino, el financiero Enrico Crasso, el gestor Fabrizio Tirabassi, el expresidente y exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), René Brülhart y Tommaso Di Ruzza, respectivamente, así como el abogado Nicola Squillace.