¿Garantía a propietarios o tranquilidad para okupas?: La realidad que esconde el sistema de avales del nuevo decreto de Sánchez

Uno de los puntos más polémicos de ese decreto Ómnibus que se echó para atrás y que ahora se ha aprobado en parte -29 medidas de las 80 iniciales-, es el que está referido a la perpetuación de la okupación. Eso no ha cambiado, porque este decreto, que hoy Junts ha permitido que el Gobierno saque adelante, también incluye que las personas vulnerables no sean desalojadas de pisos okupados o inquiokupados.

¿Qué se ha aprobado?

Era una de las líneas rojas de sumar: prohibir los desahucios hasta el día 31 de diciembre de 2025. No todos, sino los desahucios de personas vulnerables, es decir, personas con dependientes a su cargo, con menores a su cargo y también prohibir los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2025 de los menores de 35 años.

Ahora mismo, las denuncias por allanamientos y okupaciones, el último dato que tenemos del año 23, es de 15.289. 15.289 personas que también pagan sus impuestos, pero que si tienen alquilado el piso a personas vulnerables o menores de 35, pues tienen que esperar hasta el 31 de diciembre, de momento.

¿Qué son los avales?

A Sumar, le parece que estupendo porque ellos tenían una línea roja que era parar los desahucios y, aunque decían que tenía que entrar todo el decreto Ómnibus sí o sí, para ellos esto es todo el decreto ómnibus. “Se mantiene la prohibición de desahucios, que esto era fundamental, piensen que esto permitió evitar el desahucio de hasta 58.000 personas el año pasado, según los datos que tenemos, por lo tanto, era una medida muy muy importante”, celebra el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y explica que “se añade una línea de avales para propietarios y inquilinos, para aquellas personas que alquilan su vivienda a menores de 35 años o a personas en situación de vulnerabilidad, pues el Estado va a poner a disposición un aval, lo cual va a facilitar en este sentido que jóvenes menores de 35, personas vulnerables puedan acceder a una vivienda. Por lo tanto, es una medida que a nosotros desde luego no nos parece mal y que se añade, insisto, al paquete”.

Las cifras del Gobierno no recogen la realidad del problema

Ricardo Bravo Elvira, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, vistiendo una camiseta con el lema “No somos un bulo”, lamenta que “en todas las comparecencias que ha habido por parte de ministros, del presidente del Gobierno, de Junts, no han hecho ninguna referencia a los casos de inquiokupación que estamos sufriendo este decreto”. Además, puntualiza, las 15.289 denuncias “no incluyen, en ningún caso, a todas esas familias y afectados que están buscando una solución extrajudicial porque los plazos de la Justicia son muy largos y en ningún caso miran del lado de la víctima”. Ricardo se refiere a mediaciones, es decir, pagar dinero a quien ha okupado una vivienda para que se vaya, o empresas de desokupación.

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Ricardo entiende que hay familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pero “tienen que estar a cargo del Estado y de las administraciones públicas”. Además, añade, “debido a las ratios que han puesto para ser vulnerables, se están colando miles de personas que quieren aprovecharse de esta ley y lo que están haciendo es derivar estas responsabilidades del Gobierno hacia terceros”.

Y por último, “el caso de la macrookupación en Carabanchel, estamos hablando de 28 viviendas okupadas, 110 viviendas afectadas, 220 vecinos. Esos vecinos afectados tampoco aparecen en estas estadísticas, por lo tanto podemos multiplicar por 4 y por 5 las cifras oficiales del Gobierno porque no recogen la realidad social del problema”.

¿Es necesario tener este decreto?

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación justifica la no necesidad de este decreto aprobado por el Gobierno: “Si tenemos este decreto que deriva las responsabilidades a terceros, es porque algo no está funcionando. ¿Y qué es lo que no funciona? Pues que el Gobierno nos está haciendo cargo de esas familias vulnerables y, por lo tanto, está derivando esa responsabilidad hacia terceros. En los propietarios de los pisos”. Y en segundo lugar, puntualiza, “lo que está haciendo es no dotar de presupuesto a los servicios sociales de los ayuntamientos para que realmente sean ellos, que se hagan cargo de la situación de estas familias, evitando meter a terceros en esta ecuación que no tenemos nada que ver con el problema de la atención a familias vulnerables”.

Un aval para que se pueda alquilar a menores de 35 años

“Lo que se está intentando hacer es poner unas tiritas sobre un problema”, deja claro Ricardo al opinar sobre el aval que ha anunciado el Gobierno prometiendo una seguridad al propietario de que cobrará su alquiler si el inquilino que ha dejado de pagar tiene menos de 35 años.

“En realidad lo que supone es que los inquiokupas, sabiendo de esta medida, que van a intentar asegurar -yo lo pongo en duda- el pago de estos alquileres, van a seguir aprovechándose de esta situación. Y, por lo tanto, no se trata el problema de raíz que es la inquiokupación. Es decir, aquellas personas que voluntariamente, intencionadamente, dejan de pagar el alquiler de una vivienda y dejan de asumir sus responsabilidades en el contrato”, sostiene de forma tajante.

La solución que propone la Plataforma de Afectados por la Okupación

Ricardo Bravo Elvira ve necesario que “haya una ley antiokupas integral donde se trate el fenómeno de la usurpación, del allanamiento y de las inquiokupaciones” y, por otro lado, volver a lo que dice la legislación española: “Apliquémosla, que el Gobierno se haga responsable de las familias vulnerables. Es que es tan sencillo como esto. No tenemos que hacer una ingeniería legislativa para llegar a corromper el sistema y hacer culpables a propietarios que no tenemos la culpa de que este sistema no esté funcionando”.