Presidenta de ASCOM: “La Ley de Transparencia existe, pero el Gobierno no está respondiendo ante ella”

La Ley de Transparencia, que entró en vigor en diciembre de 2014, tiene como objetivo el acceso de los ciudadanos a las actividades públicas para garantizar así el buen uso de los recursos públicos por parte de las Administraciones e instituciones públicas. Queda muy bonito sobre el papel, pero los datos hablan por sí solos: hay 927 reclamaciones, solo en 2019, que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha contestado. Y no solo eso, sino que, además, ha recurrido 52 de ellas ante los tribunales.

El Gobierno de Sánchez no responde ante la Ley de Transparencia

La entrevista anoche en ‘El Cascabel’ comienza con una afirmación ya preocupante por parte de Silvia Enseñat, presidenta de la asociación del cumplimiento normativo Compliance: “Tenemos una ley, con un Consejo de Transparencia, que no está dotado de recursos, ni funciona. Por tanto, estamos ante un paripé”.

Ana Samboal interviene de forma directa durante la entrevista: “Tenemos un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que exige una información sobre el uso de recursos públicos, y yo, Gobierno, no quiero dártela, pero es que además lo recurro ante los Tribunales”.

La Asociación de Compliance reclama capacidad de sanción para el Gobierno de Sánchez si se incumple la Ley de Transparencia

Enseñat contesta: “Debe existir esa posibilidad de recurso, pero también capacidad de sanción para quienes incumplen la Ley de Trasparencia”.

Ya el pasado mes de marzo el Gobierno decidió suspender las consultas al portal de transparencia durante el estado alarma, lo que dejó en evidencia la falta de acceso a datos públicos que a día de hoy siguen siendo, la mayoría de ellos, un misterio en vista de la gran opacidad del Gobierno.