Vota | ¿Debe paralizar Europa la ley de amnistía pactada entre Pedro Sánchez y Puigdemont?

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha asegurado este miércoles que la Comisión Europea sigue analizando la proposición de ley de amnistía que le ha remitido el Gobierno de manera "cuidadosa, independiente y objetiva" y en constante contacto con las autoridades españolas.

En el debate ante el pleno del Parlamento Europeo sobre la proposición de ley de amnistía española, Reynders ha dicho que la Comisión "se mantendrá al tanto del asunto" y seguirá el desarrollo de la tramitación de la ley, también para preparar su próximo informe del Estado de derecho en la Unión Europea que se publicará en el verano del 2024.

Ante el Parlamento Europeo, Reynders ha repasado además las advertencias que Bruselas ya transmitió a España en julio en su informe del Estado de derecho, especialmente sobre la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -que "suscita grandes preocupaciones"- y el mandato del Fiscal General del Estado.

Respecto a la ley de amnistía ha indicado que "la Comisión está actualmente analizando el borrador y sigue en contacto con las autoridades españolas. Llevaremos ese análisis cuidadosamente, independientemente y objetivamente para determinar su cumplimiento de las leyes de la Unión Europea, incluyendo los valores fundamentales consagrados en los tratados".

La Comisión Europea aún no tiene listo su análisis de la propuesta, tras haberla recibido hace hoy ocho días y cuando se cumplen dos semanas de que el comisario Reynders enviase una carta al Gobierno para pedirle más información sobre el alcance de la norma. El comisario ha señalado que Bolaños expresó en su respuesta a Bruselas "su disposición al diálogo" y que está preparado para reunirse con la Comisión para dar más explicaciones sobre el borrador de ley.

De hecho, Bolaños tiene previsto acudir a Bruselas la próxima semana para explicar a los comisarios del ramo la ley de amnistía. Reynders también ha explicado que en las últimas dos semanas la Comisión ha recibido "quejas y cartas de un amplio número de ciudadanos y partes interesadas". En cualquier caso, ha añadido, Bruselas mantiene que la crisis catalana es "un asunto interno español que se tiene que gestionar en línea con el orden constitucional".