El Gobierno aprueba la reducción de la jornada laboral a 37, 5 horas

El Consejo de Ministros ha aprobado anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales, recogiendo el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, sin el apoyo de la patronal.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto en valor esta medida que servirá para "modernizar" el país y ha asegurado que "hoy es un día histórico", en el que "merece la pena formar parte del Gobierno de España".

Se trata, ha dicho la vicepresidenta segunda, de una reforma "cotidiana" que "hace que la vida real cambie", dando "esperanza a los trabajadores y mejorando la vida de la gente".

"Cumplimos con un compromiso histórico de este Gobierno con los trabajadores", ha señalado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

El anteproyecto de ley, que tendrá que volver en segunda vuelta al Consejo de Ministros, deberá continuar, posteriormente, con su tramitación parlamentaria antes de su entrada en vigor, algo para lo que el Gobierno negociará "con todos los grupos parlamentarios".

La reducción de la jornada laboral máxima legal desde las 40 horas hasta las 37,5 horas semanales en cómputo anual en este 2025 forma parte del acuerdo de Gobierno y ha sido pactada con los sindicatos, tras once meses de negociaciones en el marco del diálogo social.

Aunque se descolgó del pacto, Díaz ha dicho que la patronal no es capaz de oponerse por "sentido común" a una "medida de este alcance, que ya forma parte del país".

La ministra ha explicado que el anteproyecto de ley recoge íntegramente el acuerdo alcanzado con los sindicatos y, aunque aún puede sufrir "correcciones técnicas", llegará tal cual a la Cortes para su tramitación parlamentaria.

Díaz ha dejado claro que el Gobierno "va a negociar con todas las formaciones políticas" y ha preguntado al PP si "se reconciliarán con los trabajadores, ya que sus votantes también quieren ver reducida la jornada, o cometerán el mismo error como cuando no apoyaron la reforma laboral.

"Siendo conscientes de nuestra situación de minoría parlamentaria, este es un proyecto de Gobierno y de país y bajo ese paraguas estamos todos", ha dicho la portavoz del Gobierno.

El PP se opone y afea la ausencia de la patronal

Las primeras reacciones en el Congreso muestran la oposición del PP, que ha afeado que la norma no se haya pactado con la patronal y ha calificado de "verdaderamente pobre" que se celebre como un éxito el hecho de que las dos partes del Gobierno, PSOE y Sumar, se hayan puesto de acuerdo.

Para Vox, se trata de un "capricho más" de Yolanda Díaz que se ha "sacado de la manga" para "mantenerse en el candelero".

Entre los apoyos, el de Compromís, que considera la norma "un hito histórico", mientras que en Sumar se muestran abiertos a negociar "lo que haga falta" para conseguir el voto de Junts.

Fuentes de Sumar recuerdan que ya hay ayudas diseñadas para su aplicación en las pymes, en referencia a una de las posibles pegas que podría poner la formación independentista.

El control horario, la medida estrella

Junto con la reducción de la jornada laboral, Díaz ha puesto en valor la reformulación del control horario como la "gran medida estrella" que incluye la norma, logrando que sea objetivo, fiable, accesible e interoperable.

El anteproyecto de ley recoge además el derecho a la desconexión digital, para que se respete el descanso y la propia intimidad de los trabajadores frente al uso de los dispositivos de videovigilancia y geolocalización, sin que ello conlleve consecuencias negativas, represalias o trato menos favorable.

En el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, se considerará la comisión de una infracción por cada persona trabajadora afectada cuando no exista registro o los datos sean falseados.

Los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras se calificarán como infracción muy grave y conllevarán multas de entre 1.000 y 10.000 euros.

Las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias en sus convenios colectivos que aseguren el cumplimiento de lo previsto en la norma, en particular, lo establecido respecto a la duración de la jornada.