El decano de los abogados de Madrid, en COPE: "La habilitación de agosto es una medida inoperante e ineficaz"

Desde el 13 de diciembre de 2017, José María Alonso es decano del Colegio de Abogados de Madrid, uno de los tres más antiguos de España. COPE.es lo entrevista para conocer la situación de los letrados madrileños ante la COVID-19 y para analizar los instrumentos jurídicos que asisten a las personas que ya presentan síntomas de insolvencia provocados por la pandemia, como la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de un texto que permite extinguir las deudas que no haya podido satisfacer el deudor tras la liquidación de su patrimonio.

El decano también analiza la clásula "rebus sic stantibus" que permite la revisión de los contratos cuando, por circunstancias sobrevenidas como las actuales, se rompe el equilibrio económico y a una de las partes le resulta imposible cumplir. Una situación a la que a buen seguro se enfrentarán muchos sectores, entre ellos, el hostelero ante la caída del turismo.

P (Pregunta): El decreto 16/2020, de medidas procesales para hacer frente al COVID-19, declara "hábiles para todas las actuaciones judiciales" los días 11 a 31 de agosto, lo que implica que durante ese período se celebrarán juicios y se podrán interponer demandas, frustrando el típico mes de vacaciones de los letrados. ¿Cree que ello servirá para solucionar el colapso del sistema judicial?

R (Respuesta): Desde el principio hemos estado en contra de esta habilitación de estos días del mes de agosto. A nosotros nos parece que eso no es, ni muchísimo menos, una solución para el problema del colapso de la Administración de Justicia. Lamentablemenete la Administración de Justicia ya estaba colapsada antes de que viniera esta pandemia y esto lo que ha hecho ha sido agravar de una manera extraordinaria la situación. Habilitar estos días del mes de agosto en modo alguno va a cambiar la situación.

Para los abogados esos plazos van a seguir corriendo, con lo cual, los abogados van a seguir trabajando y, por tanto, no van a poder descansar ni van a poder conciliar ni van a poder hacer absolutamente nada.

Nuesta propuesta fue muy clara: el problema que tenemos en España es que desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre los juzgados entran en una fase de ritmo lento donde muchos magistrados y letrados de la Administración de Justicia se toman vacaciones. La realidad es que en ese periodo generalmente hay muy poca actividad judicial.

Lo que nosotos propusimos fue que el mes de julio estén operativos todos los juzgados y exactamente operativos durante el mes de septiembre para que se concentren las vacaciones durante el mes de agosto. Eso sí que va a suponer una agilización de la tramitación de los procedimientos judiciales.

Inicialmente el decreto decía que se recomendaba a los jueces y magistrados que trataran de organizar sus vacaciones de la mejor manera posible, cosa que no se hacía con los abogados. Luego ha habido una circular del Consejo General del Poder Judicial recomendando que se lo tomen en agosto. Bueno, es una mera recomendación, no es una obligación, con lo cual, yo creo que lamentablemente seguiremos en la misma situación que estábamos antes.

A mí me han dicho personalmente responsables de juzgados y tribunales que no van a hacer señalamientos durante el mes de agosto y, por tanto, los únicos perjudicados van a ser los abogados. A mí me parece que es una medida absolutamente inoperante, absolutamente ineficaz.

La Abogacía está dispuesta, y lo viene demostrando durante todo el periodo, a trabajar todo lo que sea necesario, pero siempre y cuando sea eficaz. Y esta medida en absoluto lo es.

P: El Gobierno, a propuesta de la exministra de Justicia Dolores Delgado, aprobó en enero de 2019 el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación para, entre otras cosas, descongestionar la carga de trabajo de los juzgados. Ese anteproyecto no se ha traducido en nada, aunque obligaba a los litigantes a asistir a una sesión informativa de mediación en los seis meses previos a la interposición de una demanda para tratar de llegar a un acuerdo. ¿Cree que se debería potenciar la mediación para descongestionar los juzgados?

R: El Anteproyecto de ley dice que antes de iniciar un procedimiento judicial hay que acreditar haberle explicado al cliente la posibilidad de una mediación, pero en modo alguno impone la obligatoriedad de una mediación. Con eso estoy de acuerdo, porque la mediación al igual que el arbitraje son mecanismos en los que rige el principio de autonomía de la voluntad. No se puede obligar a nadie a mediar o a entrar en la mediación ni se puede obligar a nadie a entrar en el arbitraje porque estos métodos alternativos se basan en la libertad.

Yo, personalmente, creo que la mediación sería un instrumento extraordinario para desatascar la Justicia. Por ejemlo, en este momento aproximadamente un 30% de los procedimientos que llegan a los juzgados de lo Mercantil son procedimientos relacionados con temas de transporte: pérdida de maletas, retrasos o pérdida de billetes. Evidentemente, eso colapsa los juzgados de lo Mercantil, que en este momento van a tener una avalancha de concursos extraordinaria.

Ahí, por ejemplo, estuvimos trabajando y seguimos trabajando con la Consejería de Economía y con la Consejería de Justicia de Madrid para sacar todos esos procedimientos a fin de que se trate de mediar con la compañía aérea y se trate de llegar a un acuerdo. La pandemia nos ha impedido seguir avanzando sobre ese proceso, pero ahí se solucionarían muchísimos temas. Igual que la mediación en el ámbito familiar.

Creo que en estos momentos la mediación sería una forma extraordinaria de evitar procedimientos. Yo también estoy convencido de que va a haber muchos procedimientos, por ejemplo, en materia de arrendamientos urbanos: inquilinos que van a pedir a los arrendadores que les reduzcan la renta como consecuencia de la pandemia. Eso también se podría llevar a mediación en lugar de llevarlo a un juzgado. Soy un enorme creyente en ese sentido.

P: Hablando de la exministra de Justicia, ¿qué le ha parecido su nombramiento como fiscal general del Estado? Las asociaciones de fiscales han denunciado que es "una forma evidente y muy plástica de indicar que la Fiscalía" General del Estado"la quieren sometida al Gobierno".

R: Bueno, es una opinión personalísima que se podrá compartir o no. Evidentemente, Dolores Delgado es una magnífica jurista y, desde luego, no existe ninguna norma que impida a quien ha sido miembro del Ejecutivo entrar a formar parte de la Fiscalía General del Estado.

Personalmente, creo que desde el punto de vista estético no me parece la forma más adecuada porque, evidentemente, el fiscal general tiene que ser independiente del Poder Ejecutivo. Y seguro que Dolores Delgado será independiente, pero, por lo menos, la percepción que puede tener la opinión pública es que no lo es. Y eso, yo creo que es crear un problema absolutamente innecesario. Repito, sin poner en absoluto en duda ni la capacidad ni la independencia de Dolores Delgado.

P: La actual pandemia está dando lugar a situaciones de insolvencia. En el año 2015, a través de la reforma de la Ley Concursal, se introdujo la llamada Ley de la Segunda Oportunidad. Prevé la posibilidad de extinguir o cancelar las deudas que el obligado al pago no haya podido satisfacer con la liquidación de su patrimonio. ¿Cree que es posible su aplicación tras la crisis?

R: Lamentablemente va a haber muchas personas físicas, autónomos, que no van a poder hacer frente a sus deudas. Espero y deseo que la gran mayoría de los casos sean situaciones de insolvencia temporal porque no han podido trabajar durante este periodo de tiempo. Cuando se alce el estado de alarma podrán recomponer su situación.

La Ley de Segunda Oportunidad lo que pretende es establecer unos mecanismos que tiendan a que las empresas no terminen en liquidación. La Ley Concursal, que no lo ha conseguido, lo que propicia básicamente es la liquidación de las compañías y habría que seguir en este sentido modelos como los anglosajones, eficaces, de modo que se pueda buscar fórmulas para que la compañía pueda suspender temporalmente sus pagos y se pueda reflotar y pueda continuar.

P: El Tribunal Supremo ha dicho que una situación de crisis económica no puede alterar las condiciones de un contrato. Sin embargo, una pandemia como la actual es imprevisible e inevitable. ¿Cree que debería poderse aplicar la clásula "rebus sic stantibus" para modificarlo? Esta cláusula permite la revisión de los contratos cuando, por circunstancias sobrevenidas, se ha roto el equilibrio económico y a una de las partes le resulta imposible o muy gravoso su cumplimiento. Pienso, por ejemplo, en los arrendamientos de hosteleros a los que les será muy difícil pagar, precisamente, debido a la caída del turismo.

R: La cláusula “rebus sic stantibus”, que está implícita en todos los contratos, no tiene que estar expresamente establecida. El Tribunal Supremo ha venido aplicándola de forma extraordinariamente restrictiva porque frente a ella está el principio de “pacta sunt servanda” y, por tanto, no se pueden modificar las condiciones de un contrato si no es por la voluntad conjunta de ambas partes.

El Tribunal Supremo ha señalado que tienen que ser circunstancias absolutamente impredecibles de una magnitud extraordinaria que afecten de una manera directa al equilibrio del contrato. Creo que es difícil encontrar en la historia, si no son las Guerras Mundiales o la Guerra Civil, un supuesto tan absolutamente imprevisible de unas circunstancias tan absolutamente graves y fuera del control de las partes como este. De entrada tienes que estar en tu casa y, en consecuencia, si tienes un local alquilado no puedes ir al local. Creo que en este caso la aplicación de la "rebus sic stantibus” es clara y estoy convencido de que va a haber muchos casos donde se van a pedir la modificación de las condiciones del contrato para reequilibrar este y que, por tanto, no sea excesivamente gravoso para una de las partes. Y si no es posible el reequilibrio, se podrá pedir la resolución del contrato con base en esta clásula.

P: En diferentes ocasiones la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) ha denunciado la contratación de letrados como falsos autónomos cuando en realidad son personal laboral. Una técnica que en España sufrirían más del 50% de los abogados jóvenes. ¿Está concienciado sobre ello el colegio? ¿Lleva a cabo alguna actuación al respecto?

R: Una de las razones del Colegio y mías personalmente es la defensa de la abogacía joven. Por ellos, en buena medida me presenté a decano. Ciertamente la normativa establece que el trabajo que prestan los abogados en los despachos es una relación laboral y, por tanto, tienen que tener su contrato laboral y tienen que estar dados de alta en la Seguridad Social.

Todas estas situaciones que nos consta hay en las que se les tiene como falsos autónomos, se les paga muy poco dinero, me recuerdan a ciertos grados de esclavitud. Y el Colegio no está dispuesto bajo ningún concepto a que eso sea así. Vamos a perseguir todas las situaciones que así se produzcan y, desde luego, lo que sí pido a los jóvenes abogados es que denuncien estas situaciones al Colegio porque nosotros no podemos hacer una investigación generalizada. Que sepan, desde luego, que el Colegio va a estar a su lado y va a impedir que esa situación se produzca o se mantenga.

P: Algunos abogados del ICAM denuncian que la actividad formativa que presta el Colegio es, a veces, incompatible con los horarios de los letrados que trabajan por cuenta ajena. ¿Han previsto más formación telemática?

R: Esta pandemia tiene unos elementos extraordinariamente negativos, pero tiene algún elemento positivo, que es la utilización de los medios telemáticos. Esto no es una cosa que vaya a pasar, sino que está pasando y se va a quedar. En consecuencia, el Colegio lo que ha hecho a través de su Centro de Estudios es, de alguna manera, reinventarse.

Desde el inicio de la pandemia hemos transformado muchos cursos en cursos online. Lo que vamos a hacer es continuar por esta línea: que haya muchos cursos online a los que se apuntan miles de compañeros y compañeras. Es una forma extraordinaria de seguir formándoles. Nuestra obligación es formar, en unos casos de forma gratuita y en otros a precios asequibles. Vamos a seguir haciéndolo.

P: Desde el 13 de diciembre de 2017 es decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), ¿qué valoración hace de este tiempo?

R: Estoy muy satisfecho porque teníamos un programa muy ambicioso que tenemos prácticamente cubierto a tres años del fin del mandato en un 70%. Hemos hecho una reorganización interna del Colegio, le hemos dado una estructura más eficaz, hemos reforzado extraordinariamente el Centro de Estudios, estamos teniendo una participación muy directa en el plano normativo, hemos creado servicios de gestión del conocimiento de lo más sofisticado al alcance de los profesionales, hemos creado áreas de trabajo, como es el caso de Espacio Abogacía, para que gente sin recursos o sin posibilidades pueda trabajar allí. Estamos defendiendo a los abogados de la manera más enérgica que podemos. No estamos dispuestos a que puedan ser maltratados de palabra o por esperas, y estamos trabajando por la dignificación de la Abogacía, que se entienda que es una profesión fundamental que tiene tanta importancia en la Administración de Justicia como los demás operadores de la Justicia.

Hemos establecido también muy buenas relaciones con los distintos órganos judiciales, con el Ministerio de Justicia y con el Consejo General del Poder Judicial, de tal manera que la voz de la Abogacía sea oída.

En esta situación de pandemia tenemos un comité de crisis, que nos reunimos todos los días, abordamos los problemas que se suscitan. Empezaron los problemas con la falta de material a los abogados del turno de oficio, conseguimos que se permitirera la asistencia de forma telemática, los hemos provisto de kits de protección...

Pero todavía quedan muchas cosas que hacer. Una de las principales para mí es la revisión de los baremos del turno de oficio. El turno de oficio sigue mal pagado, es absolutamente injusto. La calidad de los abogados del turno de oficio es excepcional, pero se les pagan verdaderas miserias. Eso hay que revisarlo. Desde luego, no hay derecho. En mi posición no voy a dejar de insistirlo y de conseguirlo.

P: ¿Qué está haciendo el ICAM por los abogados del turno de oficio?

R: Cuando llegamos nos encontramos con dos problemas: el primero era que se pagaba tarde, pasaban meses hasta que se les pagaba. Hemos conseguido que se pague a mes vencido, por tanto, esa es una conquista importante. Ahora nos queda no el cuándo sino el cuánto. Y el cuánto a mí me parece absolutamente de broma que se pague, por ejemplo, 280 euros por hacer un recurso de casación, que requiere un ejercicio intelectual extraordinario, o 40 euros al día por un macrojuicio donde el abogado tiene que estar desde por la mañana hasta por la tarde, además dejar de atender otro tipo de asuntos. Me parece sencillamente ignominioso. No tengo otra palabra.

P: En los últimos días se ha publicado información contradictoria sobre el director de Comunicación del ICAM, Alfonso Merlos. ¿El Colegio ha decidido su cese? ¿Va a continuar en el cargo?

R: Alfonso Merlos es un profesional de la comunicación extraordinario, con una calidad en su trabajo fantástica. Todo lo que se ha producido ha sido como consecuencia de una intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad. Yo, como abogado, tengo que defender lo que es un derecho fundamental y en ese sentido no estoy dispuesto a aceptar.

En este momento Alfonso Merlos continúa. Otra cosa es que tengamos que revisar si esta situación de aparición en los medios de comunicación, claramente involuntaria y, desde luego, no querida por Alfonso, tiene una posibilidad de compatibilización con lo que es una institución como el Colegio de Abogados. Pero eso es un tema que está pendiente de análisis.

Su contrato es absolutamente regular, fue revisado por los servicios jurídicos. El Colegio no tenía ninguna obligación, porque no somos una empresa pública, de abrir ternas de ningún tipo. Otra cosa distinta es que nosotros, desde el punto de vista de la transparencia, hemos establecido esa obligación, pero esa obligación no ha existido nunca en el Colegio de Abogados de Madrid.

Ahora, si tuviéramos que contratar a cualquier persona como hicimos con el director general, tendríamos que pasar por un proceso de terna.

Por tanto, todas estas críticas que han sido movidas por alguna asociación de una manera absolutamente inaceptable porque, además, su contrato fue objeto de examen y votación en dos juntas generales del Colegio de Abogados, 2018 y 2019, es un contrato perfectamente legítimo. En este momento el único tema que está encima de la mesa es si esta situación no querida por Alfonso que le hace aparecer en distintos medios es compaginable o no con el Colegio, que es algo que tenemos que decidir.

P: Para Voltaire, la Abogacía era la profesión más bonita del mundo. ¿Cómo la calificaría usted y qué le diría a aquellas personas que quieren ejercer como abogados?

R: Para mí es la profesión más bonita del mundo. La compararía con la Medicina. Hay muy pocas profesiones que tengan una relación con la persona desde el inicio de su vida, incluso antes, como es el caso de los nasciturus, que vean todos los aspectos de la vida personal, profesional, económica, de las personas, de las empresas. Por tanto, es de una belleza y de una amplitud verdaderamente extraordinaria.

Luego, el ejercicio del derecho de defensa, el mantenimiento del Estado de Derecho, es algo extraordinario. A mí me gustaría que la profesión de abogado se reconozca como una de las profesiones verdaderamente importantes y que el ser abogado sea un título de gran prestigio y que haya más vocaciones.