La democracia "mejorable" de Iglesias y Podemos: ataques a monarquía y prensa, control judicial, corrupción...
Las últimas declaraciones de Pablo Iglesias en las que aseguraba que en España "no hay una situación democrática" ha encendido la polémica incluso dentro del Gobierno de coalición
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El pasado lunes, Pablo Iglesias aseguró que en España "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España", ya que hay líderes independentistas "en las cárceles y en el exilio". Unas declaraciones que inmediatamente recorrieron los medios de comunicación como la pólvora hasta el punto de saltar nuestras fronteras.
Inmediatamente, diversos miembros de Ejecutivo se pusieron al frente de la situación y han criticado las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno: Margarita Robles, Carmen Calvo e incluso Fernando Grande-Marlaska. Todos ellos salieron en defensa de la "democracia plena" de nuestro país y han denunciado gravemente las palabras de Pablo Iglesias. Por ello, en COPE.es hemos hecho una recopilación de todos los asuntos en los que Unidas Podemos ha tenido un papel fundamental para hacer, a su juicio, una democracia "mejorable".
Podemos, contra la Monarquía
Desde que se fundó Podemos, ha trasladado de forma prácticamente diaria su repulsa contra la Monarquía al tratarse de un partido meramente republicano. En este sentido tampoco es necesario irse demasiado lejos: el 24 de diciembre del año pasado, Unidas Podemos anunció que iba a registrar "en los próximos meses" en el Congreso de los Diputados una ley con la que aspira a establecer mayores controles sobre la Monarquía y regular "el rol institucional" del Rey, de modo que quede "más claro" que el monarca no puede puede hacer política ni perder su papel simbólico y protocolario de neutralidad.
También lo ha intentado hace tan solo unos días, cuando presentó en el Congreso una "ley de protección de la libertad de expresión", y con ello llevar a cabo de una reforma completa del Código Penal con la que se pretende eliminar todos los referentes a los delitos contra la Corona. "En un sistema democrático, cuanto más poder tiene una institución, mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía", recoge la propuesta de la formación morada.
El control de los medios de comunicación
Se trata de unos planteamientos que vienen de lejos, mucho antes de que se fundara Podemos. Es el caso de unas declaraciones que Pablo Iglesias hizo en noviembre del año 2013 durante un programa de la televisión 'Galizia Ano Zero', donde afirmaba que era "crucial" que se creara la figura del "ministro de Comunicación" como ya se había hecho en otros países como Ecuador, Argentina y Venezuela. Pablo Iglesias continuó diciendo: "¿Por qué tener un medio va a ser un privilegio de los ricos? Que solamente tengan medios de comunicación los multimillonarios?", y añadió que "si alguien los tiene que tener, tiene que estar controlado por una cosa que se llama Estado, con todas sus contradicciones, pero que es representativo en última instancia de la voluntad popular".
Una premisa que siguió adelante hasta que a principios del pasado mes de noviembre, el Gobierno anunció, a través del Ministerio de Presidencia liderado por Carmen Calvo, que iba a impulsar un plan para lo que, a su juicio, constituye la desinformación y "difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos", que tan solo pretendían "influir en la población con fines interesados". Seguidamente, así se publicó en el Boletín Oficial del Estado.
No obstante, varios miembros del Gobierno se mostraron en contra de este plan como la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien hace solo unos días homenajeó a los medios de comunicación, alegando que eran "el verdadero oxígeno de la democracia".
La Justicia, al servicio del Gobierno
A mediados de enero, el Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos aceptaron tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras éste no sea renovado, así como rechazó recabar informes consultivos sobre esa modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Recordamos que el máximo órgano judicial lleva dos años en funciones, ya que el Congreso de los Diputados aún no ha sido capaz de llegar a un acuerdo para nombrar nuevos vocales en todo ese período de tiempo.
De hecho, diversas asociaciones de jueces y expertos aseguran que con esta reforma se pueden limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos, y con ello, se está intercediendo de forma directa en el funcionamiento normal de la Justicia.
La corrupción: la doble vara de medir de la formación de Iglesias
Desde el principio, la formación de Pablo Iglesias había cargado duramente contra la corrupción, especialmente contra los casos más importantes que manchaban al Partido Popular. No obstante, no se trata más que una doble vara de medir para el partido de Iglesias, ya que Podemos también se ha visto realmente señalado por este asunto.
No hace falta más que mirar el caso 'Neurona', el vínculo de esta sociedad de consultoría política y Juan Carlos Monedero, especialmente por los trabajos que desarrolló para la campaña de Podemos tanto en las elecciones generales como en las autonómicas. El Tribunal de Cuentas ha estado investigando hasta tres contratos con la consultoría, en las que se apreciaban unas "facturas infladas". Desde entonces se puede hablar de "irregularidades financieras" que podrían incurrir en fraude electoral y falsedad en documento mercantil. Han sido varios miembros del partido los que han tenido que declarar ante el juez, quien investiga varios delitos de malversación de caudales públicos y de apropiación indebida, así como aclarar si podría existir una 'caja B' en la formación de Pablo Iglesias.
La libertad educativa, en el punto de mira
Tampoco podemos olvidar el caso de la libertad educativa en nuestro país. Si bien hablamos de que en las señas de identidad de Podemos existe el derecho a decidir, resulta relativamente paradójico que los de Iglesias dieran luz verde en el Congreso, con su apoyo al PSOE, a la denominada Ley Celaá.
Una reforma educativa que afecta a la escuela concertada, además de eliminar el español como lengua vehicular, entre otros aspectos. De alguna forma, se trata de una ley que vulnera el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, un derecho fundamental que recoge la Constitución en su artículo 27.
La oposición dentro del Ejecutivo
Independientemente de las decisiones de Podemos en el Gobierno, tampoco podemos olvidar la 'oposición' que ha llevado a cabo durante todo este tiempo incluso dentro del Ejecutivo. Desde que se conformó el Gobierno de coalición, Unidas Podemos no se ha mordido la lengua en criticar incluso a sus compañeros: Carmen Calvo, Nadia Calviño, Teresa Ribera, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, José Luis Ábalos, María José Montero, Arancha González Laya, José Luis Escrivá, Isabel Celaá e incluso Juan Carlos Campo. Todos ellos han sido víctimas, en algún momento, de palabras negativas o críticas por parte de la formación liderada por Pablo Iglesias.
El incesante apoyo a los independentistas
No hace falta mirar demasiado lejos sino que basta con observar el ideario de la formación morada, en el que defiende el derecho a decidir. En este sentido, desde su creación se ha manifestado pública y políticamente a favor del "diálogo" con Cataluña desde la dirección nacional. No solo eso, sino también desde sus marcas y su confluencia electoral. Ya en 2015 dejó caer aquella premisa, cuando Pablo Iglesias defendió el derecho a decidir de los catalanes: "Defendemos la unidad en la plurinacionalidad. Decidir estar en un proyecto común le corresponde a la gente de manera libre".
Unas declaraciones que con el paso de los años se han ido endureciendo poco a poco hasta el punto de defender la figura de los independentistas catalanes presos: "Es una vergüenza que haya dirigentes catalanes en la cárcel o en el exilio", espetó en una ocasión Pablo Iglesias. También se han mostrado en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y de la creación de una mesa de diálogo. Una propuesta que presentó ERC en el Congreso el pasado 4 de febrero y que salió adelante con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos. La última, el pasado lunes, la raíz de la polémica, cuando Pablo Iglesias denunció que no había "una democracia plena en España" y se posicionó a favor, una vez más, de los presos catalanes y de su libertad.