La Fiscalía se querellará contra Torra por desobedecer a la Junta Electoral

La Fiscalía ha presentado sendas querellas por desobediencia contra Joan Ramon Casals, exalcalde de Molins de Rei (Barcelona) y hombre de confianza del presidente catalán Quim Torra, del PDeCAT, y contra el alcalde de Collbató (Barcelona), Miquel Solà, de ERC, por el apoyo municipal al 1-O.

Ambas querellas son resultado de la instrucción que, en vísperas del referéndum, dictó el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que se investigara a alcaldes que habían cedido equipamientos municipales para el 1-O, en la que adjuntaba un listado de 712 ayuntamientos que, según la web de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), habían aprobado decretos para poner a disposición del Govern sus locales.

Las querellas contra los alcaldes de Molins y de Collbató, interpuestas respectivamente en los juzgados de guardia de Sant Feliu de Llobregat y de Martorell, son las primeras que presenta la Fiscalía de Barcelona por el apoyo municipal del 1-O.

Una de las querellas se dirige contra Joan Ramon Casals, que el pasado mes de enero abandonó la alcaldía de Molins de Rei tras ser nombrado por Torra director de la Oficina del Presidente, lo que le sitúa entre los cargos del círculo de máxima confianza del presidente de la Generalitat.

El ministerio público sostiene en su querella que, una vez el Tribunal Constitucional (TC) había suspendido el referéndum, Casals dictó un decreto en el que manifestaba su "pleno" apoyo al 1-O y ordenaba que dicha resolución fuera comunicada a la Generalitat, a la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas y a la Asociación de Municipios por la Independencia.

Además, añade la Fiscalía, el 8 de septiembre de 2017, cuando ya había sido advertido personalmente a través de la Delegación del Gobierno de la resolución del TC, el entonces alcalde de Molins remitió un mensaje a todos los usuarios del correo electrónico del Ayuntamiento en que anunciaba que el consistorio facilitaría los "espacios habituales de votación" para acoger las urnas del 1-O.

También en un discurso pronunciado el 11 de septiembre, el querellado aseguró que las escuelas del municipio estarían abiertas como centros de votación, añade el ministerio público en su querella.

Finalmente, sostiene el ministerio público, "desatendiendo deliberada y conscientemente el requerimiento" del TC, Casals permitió que el 1-O abrieran cuatro locales de titularidad municipal de Molins que, "gestionados también por el Ayuntamiento, fueron utilizados como centros de votación" del referéndum.

De esa forma, apunta la querella, el alcalde contribuyó "de forma decisiva" con su actuación a la celebración de la consulta suspendida por el TC.

En el caso del alcalde de Collbató, la Fiscalía le acusa de haber aprobado, junto al resto de miembros del equipo de gobierno y cuando el referéndum había sido ya suspendido, un escrito en el que el Ayuntamiento anunciaba que ponía a disposición de la Generalitat para el 1-O los locales que fueron utilizados en las elecciones catalanas de 2015.

Tras recordar que Solà recibió personalmente la providencia del TC que suspendía el 1-O a través de la Delegación del Gobierno, la querella acusa al alcalde de "permitir" la apertura de un local de titularidad municipal que, gestionado por el consistorio, fue utilizado en el referéndum.

Como en el caso de Casals, el ministerio público acusa también a Solà de haber contribuido de forma "decisiva" a la celebración del referéndum ilegal, "desatendiendo deliberada y conscientemente" el requerimiento del Tribunal Constitucional.