El magistrado del caso Neurona archiva la causa sobre los supuestos sobresueldos de Podemos

El letrado no ha considerado probado que la exgerente de Podemos, Rocío Esther Val cometiese un delito de administración desleal. En concreto, ha archivado la parte que se refiere al supuesto cobro de sobresueldos por algunos miembros del partido. Así se indicó en marzo aunque posteriormente se reabrió dicha causa a instancias de Vox.

En un auto fechado el pasado 18 de junio, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado Juan José Escalonilla acuerda el sobreseimiento de la causa respecto del delito de administración desleal imputado a Rocío Esther Val por la implementación de dos complementos salariales y por el abono de los gastos por desplazamiento presentados por ella y por el responsable de finanzas Daniel de Frutos.

Lo hace tras escuchar -el pasado 21 de mayo- al exgerente del partido Pablo Manuel Fernández Alarcón y "ante las serias dudas interpretativas sobre las facultades de dicha gerente, la aprobación de la implementación de dicho complemento salarial por el Consejo de Coordinación, y la falta de denuncia por el titular del patrimonio administrado".

El magistrado llega a la misma conclusión en relación con la decisión de aplicar el complemento de responsabilidad personal a la letrada Marta Flor Núñez, que "en todo caso fue refrentada por el Consejo de Coordinación".

Sobre el reembolso o reintegro de gastos presentados por Rocío Esther Val y por Daniel de Frutos el juez mantiene las conclusiones de su auto de marzo: Dichos gastos fueron aprobados por el Equipo de Finanzas y Transparencia o por el Área de Gerencia, de modo que "no se trata de gastos unilateralmente cargados por dichos investigados, sino de gastos aprobados en sus respectivas áreas, por lo que no cabe apreciar indiciariamente irregularidad alguna".

El magistrado Juan José Escalonilla ya archivó esta parte de la investigación el pasado mes de marzo tras descartar que hubiese delito porque los complementos estaban incluidos en nómina y autorizados por responsables, en contra de lo que denunciaron el exabogado de Podemos José Manuel Calvente y la exresponsable de Cumplimiento Normativo Mónica Carmona.

Se trata del complemento por Coordinación por importe de 210,32 euros y del complemento por Coordinación Ejecutiva por importe de 400 euros, que según los denunciantes no constan en las tablas salariales del partido y se atribuyeron "unilateralmente", sin acuerdo del Consejo de Coordinación.

Pero el pasado 16 de abril el juez reabrió las pesquisas en torno al presunto cobro de sobresueldos por algunos miembros del partido al estimar un recurso de Vox, que ejerce la acusación popular en el caso y consideró insuficiente la documentación aportada hasta entonces.

Así ordenó una serie de diligencias y que compareciese como testigo Pablo Manuel Fernández Alarcón, gerente que precedió a Rocío Esther Val y que formó parte del equipo legal de Podemos y del Consejo Ciudadano Estatal.

Fernández Alarcón dijo, según recuerda el magistrado en el auto en el que cierra la investigación por segunda vez, que él no implementó dichos los dos complementos salariales denunciados, "sino que fue fruto de la categorización de los trabajadores del partido político Podemos y la negociación interna para la configuración y realización de dicha categorización".

La Fiscalía se pronunció en dos ocasiones sobre los presuntos sobresueldos, sosteniendo que no aprecia delito porque algunos miembros de Podemos cobraron complementos de manera transparente y con control interno.

El magistrado que investiga la gestión de Podemos, que se centra en el contrato que firmó el partido con la consultora Neurona para las elecciones generales de 2019, ha cerrado varias ramas del caso, como la referida a la consultora ADB o a las obras en la nueva sede del partido, mientras que archivó pero volvió a abrir recientemente la parte referida a la Caja de Solidaridad.

El magistrado abrió y envió a otros juzgados tres piezas separadas de la causa principal de las que se han archivado dos -las referidas al cobro de unas costas judiciales por parte del exlider de Podemos Pablo Iglesias y al Instituto 25M- y permanece abierta la referida a la presunta contratación de una persona del equipo de la ministra Irene Montero para cuidar a sus hijos, supuestamente con fondos públicos.