El plan frente a los brotes asignará 3 niveles de riesgo a los territorios

El Plan de Preparación y Respuesta frente a una segunda oleada de la COVID-19 propone indicadores específicos para evaluar la transmisión de la enfermedad y las capacidades de la asistencia sanitaria y de salud pública, asignando un nivel de riesgo bajo, medio o alto a cada unidad territorial.

Lo ha avanzado este miércoles el ministro de Sanidad, Salvador Illa en su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso, en la que ha advertido de que el virus "sigue ahí y puede volver a golpearnos"; de ahí el plan en el que se está trabajando y que se podría aprobar definitivamente en las "próximas semanas".

El plan incluirá también una reserva estratégica de materiales y medicamentos, de manera que se pueda afrontar una nueva oleada, si llega, "en las mejores condiciones posibles".

La evaluación del riesgo estará basada en indicadores de alerta temprana sobre incrementos de la transmisión de COVID-19, ha explicado Illa, quien ha resaltado la importancia de monitorizar la información y de realizar una evaluación permanente de la situación epidemiológica, que contemple la distribución geográfica y la carga de la enfermedad, en general, y en poblaciones específicas.

En base a esta evaluación, el plan recogerá el marco de intervención, según el nivel de amenaza y el escenario.

Entre los instrumentos de información epidemiológica que se utilizarán, Illa ha citado el Sistema de Vigilancia en España (SiViEs), que recaba datos sobre la situación epidemiológica con fichas individualizadas de los casos confirmados; y el Sistema Español de Resultados de Laboratorio (Serlab), que recopila los datos de todas las PCR realizadas en los laboratorios públicos y privados.

También la información sobre capacidades asistenciales, que contiene datos de la actividad hospitalaria a nivel nacional, de centros públicos y privados; el Sistema de Vigilancia de la Mortalidad diaria (MoMo), que proporciona información agregada por comunidad autónoma sobre la mortalidad diaria; y la Encuesta Nacional de seroepidemiología, que ofrece información sobre la prevalencia de la infección.

A partir de la información proporcionada por estas fuentes, el plan propone indicadores específicos para evaluar la transmisión de la enfermedad, el estado de las capacidades de la asistencia sanitaria y las capacidades de salud pública, asignando un nivel de riesgo bajo, medio o alto a cada unidad territorial.

Toda esa información se compartirá semanalmente con las comunidades autónomas y se verificará su contenido para evaluar conjuntamente el riesgo o nivel de la amenaza.

Y en base a ello, se definirán una serie de actuaciones, ya sea a nivel local, autonómico o estatal, ha agregado.